La justicia avala la limitación al derecho de información

Foto: Eric Madronal

Comunicado de la comisión Legal Sol sobre el auto que resuelve su recurso de apelación en un procedimiento sobre agresión a periodistas

LEGAL SOL 15M

Hace pocos días nos han notificado un auto que resuelve un recurso de apelación interpuesto en el seno de un procedimiento penal en el que se denunciaban agresiones a periodistas durante la manifestación del 29 de septiembre del año 2012. El auto considera que no ha quedado acreditado que los agentes que golpearon a tres periodistas, que intentaban grabar la detención de otro periodista, pretendieran coartar el derecho a la libertad de información de los foto-reporteros.

Los hechos

El pasado 29 de marzo de 2014 tuvo lugar una manifestación en Madrid bajo el lema “Jaque al Rey”. A la misma acudieron diversos reporteros para documentar la protesta, desempeñando su trabajo y ejerciendo el derecho a la información, que comprende tanto recibir como comunicar libremente información veraz.

Según denunciaron cuatro reporteros, durante el transcurso de la manifestación fueron constantes las intimidaciones realizadas por parte de los funcionarios de Policía pertenecientes a la 1ª Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional.

Al término de la protesta, se produjo un incidente entre un periodista y un funcionario de Policía que desembocó en una carrera, a la que se lanzaron también varios reporteros para documentar los hechos. La carrera acabó con la detención de dicho periodista (http://kaosenlared.net/la-haine-piden-6-anos-de-carcel-para-nuestro-companero-detenido-mientras-cubria-la-manifestacion-jaquealrey/), y con varios antidisturbios golpeando indiscriminadamente a los primeros reporteros que llegaron y que trataban de grabar la detención.

Se puede ver una recopilación de los vídeos que recogen las agresiones en este enlace.

La gratuidad de las referidas agresiones, perfectamente constatable en las imágenes, motivó incluso que la representante sobre Libertad de Medios de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), Dunja Mijatovi, emitiese una nota de prensa, en la que manifestó “profunda preocupación a propósito de los casos de violencia e intimidación por parte de la Policía hacia periodistas que cubrían las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid el pasado sábado 29 de marzo”.

Paralelamente a las declaraciones de dicha representante de la OSCE, un informe elaborado por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC), titulado Retrocesos en materia de libertad de expresión en España, documenta y pone de manifiesto el aumento de agresiones a periodistas por parte de la Policía.

La investigación

Tras la denuncia interpuesta por estos cuatro reporteros, aportando todas imágenes de las agresiones, la causa fue archivada (https://legal15m.wordpress.com/2014/10/22/temetoperonomeconsta/); y tras recurrir esta decisión ante la Audiencia Provincial, reabierta (https://legal15m.wordpress.com/2015/01/13/la-audiencia-provincial-acuerda-reabrir-investigacion-sobre-agresiones-a-prensa-del-29m/).

La investigación realizada entonces por el juzgado solo pudo identificar a uno de los agentes, debido a que, como es habitual y se ha venido denunciando por esta comisión, dichos agentes actuantes no llevaban el número de placa visible, pero también debido a la nula colaboración de los mandos policiales a la hora de señalar quiénes habían cometido la desproporcionada actuación.

‘No existen indicios de que el agente pretendiera impedir el ejercicio de la libertad informativa de periodistas presentes’

Una vez identificado el presunto agresor, el juzgado acordó incoar juicio de faltas, ya que entendía que los hechos únicamente serían constitutivos de una falta de lesiones. Los denunciantes recurrieron planteando que existían indicios de que la agresión recibida tenía como objetivo impedir y dificultar su ejercicio del derecho a la información.

Pues bien, tras un año de espera, finalmente la Audiencia Provincial ha resuelto el recurso estimando que “No existen indicios de que el agente pretendiera impedir el ejercicio de la libertad informativa de periodistas presentes”. Llama la atención que uno de los argumentos esgrimidos para llegar a tal conclusión es “la falta de unas alusiones expresas a la labor de ejercicio del periodismo por parte de los golpeados”. La Audiencia Provincial justifica así la actuación policial diciendo que los hechos se sucedieron de forma atropellada, por lo que los agentes cuando golpearon a los periodistas no podían saber que eran periodistas, pero además responsabiliza en parte a los golpeados por no haber aludido expresamente a su condición de reporteros.

Llama la atención, decimos, porque, como se ve perfectamente en los vídeos que se aportaron a la causa (https://www.youtube.com/watch?v=FY0zD8C6rKQ), la Policía golpea y aleja del lugar de la detención a personas con material de grabación claramente visible, y que además gritan que son “prensa”; y que, si bien los primeros golpes se dan a la carrera, la agresión contra todo aquel que se aproxima con una cámara continúa una vez ha frenado la carga.

Sobre la libertad de información y una sana sociedad democrática

No es la primera vez que nos encontramos con resoluciones de este tenor. Corren malos tiempos para la libertad de información y expresión, como hemos podido comprobar a lo largo del último año (proceso contra titiriteros, condenas a tuiteras, raperas y humoristas, y un largo etcétera). Nos preocupa que se perpetúe el largo ciclo de la impunidad de las actuaciones policiales abusivas, de la mano de lo que cabe considerar una cierta falta de diligencia investigadora por parte de quienes están llamados a investigar las agresiones.

Quisiéramos solamente recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es de obligado cumplimiento en el Estado español en virtud del art. 10.2 de la Constitución Española, ha consolidado a lo largo de los años un extenso marco de protección de las libertades y derechos informativos, que nos corresponde reclamar en vía judicial y en la vida cotidiana, y que comprende:

— El reconocimiento de la importancia de la presencia, en sociedades democráticas, de periodistas en las movilizaciones de protesta (sentencia del TEDH Pentikäinen c. Finlandia).

— La cobertura de movilizaciones de protesta forma parte del ejercicio de derechos que reconoce el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (que regula la libertad de expresión), siendo esencial para el desarrollo de cualquier sociedad democrática (sentencias del TEDH Najafli c. Azerbaiyán, Pentikäinen c. Finlandia).

— Los periodistas habrán de gozar de una especial protección, debido a su papel de “perro guardián” de las sociedades democráticas (sentencia del TEDH Handyside c. Reino Unido).

No es, por tanto, el caso ante el que nos encontramos, en el que nuevamente asistimos impotentes a una limitación clara del ejercicio de un derecho fundamental, sin que haya posibilidad de reparación en vía judicial. Tocará replantear las estrategias jurídicas, pero, fundamentalmente, recuperar en las calles los derechos erosionados.

Porque solo la lucha hace justicia.

 

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