FOTO: ÁLVARO MINGUITO/DISOPRESS

COMISIÓN LEGAL SOL

Cinco años hace ya desde que un grupo de personas se sentó en la plaza para poner en común estrategias de cara a la mediación con la Policía. Ése fue el germen de la asamblea de la Comisión Legal Sol, surgida al calor de la acampada y que fue ampliando su campo de acción, sus debates y su estructura a medida que el movimiento en la calle se hacía más grande, más fuerte.

Después de este tiempo, toca hacer balance. Varios han sido los ejes en los que nos enfrentamos a situaciones complicadas. Algunas han mejorado, otras no. Pero creemos que, al revisar estos cinco años de trabajo de la mano de los movimientos sociales, podemos aportar también una mirada sobre la situación de nuestras comisarías, juzgados y delegaciones del Gobierno que, para bien o para mal, han sido también parte de nuestra historia en todo este tiempo. Revisamos así algunos de los puntos conflictivos de nuestro trabajo, con las pequeñas derrotas y victorias que cada uno han representado para nosotras, para que nos ayuden a crecer. Allá vamos.

 

En comisaría

— Sobre la denegación de asistencia letrada

Una de las primeras labores que desde Legal Sol pudimos poner práctica es la asistencia en comisaría a las personas detenidas. Ya desde los primeros días de la acampada, así como en las posteriores movilizaciones y manifestaciones multitudinarias, desde Legal Sol hemos venido poniendo a compañeras abogadas de guardia, nombres que se movían de boca en boca y por las redes sociales.

Muy pronto nos encontramos con un serio problema en dependencias policiales: el intento de que las personas detenidas no pudieran designar a nuestras abogadas de guardia. Varias fueron las estrategias utilizadas al respecto: desde la comunicación a las detenidas de que la abogada que habían designado no existía, pasando por mencionar que estaba colegiada en otro Colegio fuera de Madrid —irrelevante para la asistencia, pues rige un sistema de colegiación única en todo el Estado—, que se encontraba de vacaciones, hasta el hecho de informarles de que si no proporcionaban el teléfono particular de la abogada no se podía realizar la designación.

Han sido varios, por tanto, los procedimientos en los que tuvimos que denunciar la denegación del derecho a la asistencia letrada, que es un derecho fundamental de las personas detenidas. Dado que todos nuestros intentos de denunciar esta situación fueron sin éxito, decidimos publicar una Guía de Derechos del Manifestante con el fin de difundir los derechos que toda detenida tiene, entre ellos los que afectan a la designación de abogado. Y lo cierto es que poco a poco la situación se fue normalizando, tanto que en las dos huelgas generales de 2012 las personas detenidas pudieron designar a las abogadas de guardia de Legal Sol sin necesidad de mencionar su nombre y dos apellidos, sino simplemente mencionando el nombre del colectivo, como sucede con los sindicatos en fechas como ésas.

En la actualidad no nos hemos vuelto a encontrar con problemas en este sentido, hecho que nos alegra. Pero no fue, ni mucho menos, la única dificultad.

— Policías encapuchados en comisaría

Otro de los frentes más sorprendentes fue la recurrente sorpresa de encontrarnos con policías encapuchados, de paisano y sin número identificativo en dependencias policiales. No solo nos lo contaron las personas detenidas, lo pudimos ver con nuestros propios ojos: policías encapuchados que trasladaban a detenidas, policías —instructor y secretario— que se personaban encapuchados ante las abogadas cuando pedíamos explicaciones.

A pesar de la dificultad para obtener prueba fehaciente de estos hechos, interpusimos varias quejas a la Defensora del Pueblo, que emitió un duro informe recordando a la Policía que esa actuación era contraria al derecho a la defensa. El propio Colegio de Abogados recomendó no asistir a personas detenidas en esas circunstancias. La repuesta del Ministerio del Interior fue que la Policía iba encapuchada por “motivos de seguridad”. Gracias al revuelo generado por este tema, la práctica aparentemente cesó. Decimos “aparentemente” porque desde ese momento solo tenemos constancia del uso de pasamontañas en dependencias policiales a partir del testimonio de las personas detenidas, lo que nos hace pensar que al menos se lo quitan en presencia de las letradas que hacen las asistencias. No podemos, por tanto, contabilizarlo como una victoria, pero agradecemos haber obtenido atención en esta materia en los momentos más duros de la misma. Tocará seguir peleándolo.

— Recomendar no declarar

También en relación con el derecho a la defensa, otro problema de estos años han sido las tensiones en comisaría respecto del papel de la abogada que asiste a la persona detenida. Hasta antes de la aprobación de la ley orgánica que traspone la directiva europea que permite que la entrevista con la abogada se realice antes de la declaración policial, no había posibilidad de entrevista previa con la persona detenida. Así, en numerosas ocasiones hemos sido reprendidas cuando recomendábamos a las detenidas no declarar en comisaría, sobre la base de que nuestro papel ahí se limitaba a ser el de mero “convidado de piedra”, contraviniendo la abundante jurisprudencia que entiende que el papel de la letrada ha de ser activo a la hora de asesorar a la persona detenida.

En esta ocasión, las quejas al Colegio de Abogados las presentó la Brigada de Información, señalando que “cierto grupo de abogados”, a los que calificaban como “desinformados”, acusaban “comportamientos inadecuados y de escasa profesionalidad” al tratar de comunicarse con sus defendidas. Por suerte, el Colegio de Abogados respaldó en esa ocasión la actuación de las letradas, entendiendo que la actuación había sido correcta y archivando las quejas.

 

Número de placa

Éste ha sido uno de los campos de batalla más intensos de los últimos años, al menos para nosotras. La falta de identificación de la Policía en sus actuaciones en la vía pública ha sido causa persistente de archivo de denuncias (cerca de 800 en estos años) al no poderse identificar al agente actuante. Es por tanto, una batalla contra la impunidad.

Ante las reiteradas declaraciones de la delegación del Gobierno de Madrid negando que sus agentes incumplieran la Instrucción 13/2007 del Ministerio del Interior que les obliga a ir permanentemente identificados con su número TIP en la solapa del uniforme, decidimos documentar los casos. Tres han sido las denuncias interpuestas contra el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía solicitando se iniciaran procedimientos sancionadores contra los agentes cuyas fotografías aportábamos, en la medida en que incumplían la normativa sobre uniformidad. Con evidente sorna, y tras reiterados silencios, nos contestaron señalando que “no podían sancionarles porque no podían identificarles, porque no llevaban número de placa”.

Pese a que ninguna de las denuncias prosperó, gracias a la movilización ciudadana y a su constante reclamo en las movilizaciones, al grito de “¿Dónde está el número de placa?”, el Ministerio del Interior aprobó la introducción del Número de Operativo Personal (NOP) en el chaleco antitrauma de los agentes de la UIP. Aunque no se cumple con esta medida la normativa (que exige que la identificación esté delante y que sea el TIP, y no un número que cambia en cada intervención), y a pesar de que fuimos muy críticas con la nueva medida, lo cierto es que algo es algo, y el NOP nos ha permitido en varios procedimientos justamente lo que antes no podíamos hacer: identificar a los agentes actuantes y solicitar su imputación. No ha sido una victoria total, pero nos ha permitido arrebatarle cierto espacio a la impunidad. Gracias por hacerlo posible.

 

Brutalidad policial

La violenta actuación de las fuerzas policiales ante las movilizaciones de los últimos años ha sido ampliamente documentada y denunciada desde distintas voces. Las imágenes de brutales cargas abrieron las portadas de la prensa internacional después del 25S y de las Marchas por la Dignidad. Muchas personas han resultado lesionadas, sin que hayamos sido capaces de conseguir pronunciamientos de los tribunales, dada la gran dificultad de identificar a los responsables.

Queremos destacar dos campañas en las que tampoco hemos tenido éxito, pero que han sido importantes para nosotras porque evidencian el estado de la cuestión en esta materia. La que denominamos “#Saldelbaretoquetemeto” responde al intento por conseguir, durante cuatro años, que se investiguen las lesiones de dos personas que habían asistido a una movilización de Rodea el Congreso y que fueron sacadas de un bar después de la manifestación y golpeadas en la cabeza. A pesar de que se aportó información y testigos, y a pesar de que se solicitó la práctica de diligencias que hubieran permitido esclarecer la autoría de los hechos, el juzgado denegó las diligencias y archivó el procedimiento. El mismo criterio sostuvo la Audiencia Provincial, y posteriormente el Tribunal Constitucional. Hemos decidido no cruzarnos de brazos e interponer una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la medida en que entendemos inexplicable la negativa reiterada a investigar los casos de lesiones, máxime cuando son tan evidentes, cuando además han sido grabados en directo.

Algo similar nos ha sucedido con otra campaña, esta vez denominada “#Temetoperonomeconsta”, otra agresión grabada, esta vez a varios periodistas que cubrían las cargas policiales después de la manifestación del 29 de marzo. La respuesta de la Policía al oficio del juzgado requiriendo información sobre estos hechos consistió en afirmar que no tenían “constancia de que funcionarios adscritos” a la UIP “hubieran provocado lesiones” a los periodistas, a pesar de la evidencia gráfica. El procedimiento también fue archivado. Nos quedan, por tanto, muchos pasos que dar en esta dirección.

 

Sanciones administrativas

Desde el inicio de la acampada, y progresivamente con el aumento de acciones reivindicativas que se sucedían en las calles, fuimos testigos de la puesta en marcha e implantación de una nueva herramienta por parte de Delegación de Gobierno enfocada a desmovilizar a la ciudadanía: la burorrepresión. Gracias a la misma la delegación del Gobierno de Madrid interpuso más de 1.179 sanciones en menos de cinco años.

Quizás la cuestión de la burorrepresión ha sido una de las patas que más satisfacciones nos ha proporcionado. La primera de ellas es fruto de la batalla directa con Delegación de Gobierno: si esta institución iba a convertirse en una maquina de interponer sanciones, nosotras lo seríamos de hacer alegaciones. Y así ha sido. A lo largo de estos cinco años nos hemos hecho cargo de la defensa administrativa y judicial de más de 491 procedimientos sancionadores, muchos de los cuales hemos ganado gracias a —no podemos llamarlo de otra manera— chapuzas por parte de los agentes de Policía denunciantes. Así, y aunque suene paradójico, una de nuestras grandes victorias ha sido conseguir que los mismos realicen correctamente los boletines de denuncia y, sobre todo, las posteriores ratificaciones. En la vía judicial, la satisfacción ha sido aún mayor: son ya más de cincuenta las sentencias que estiman la arbitrariedad de las sanciones, su falta de requisitos legales o —y esto es una gran victoria— la vulneración de derechos fundamentales.

Pero en este tema, el gran éxito para nosotras no es aquél que surge del cara a cara con Delegación de Gobierno, sino el haber conseguido que la noción de burorrepresión o “represión de baja intensidad” se extendiera, de modo que cada persona pudo hacer el término y la denuncia del mismo suya. La normalización de su uso ha permitido además que hoy sean muchas las que manejan términos hasta hace poco reservados a los juristas, pudiendo ser parte activa de sus propios procesos en un continuo aprendizaje colectivo.

 

Interpretación alternativa del derecho de reunión

Fue, desde la propia aparición de la acampada, uno de los principales objetivos que nos fijamos como comisión dentro del movimiento 15M: promover una visión alternativa y garantista del ejercicio de derechos fundamentales. Partiendo de la base de que la Ley Orgánica 9/1983 que regula el derecho de reunión es en realidad una ley de la Transición, adaptada a un contexto particular, entendíamos y entendemos que ha de ser revisada conforme a las circunstancias del momento actual; que el requisito de comunicación no podía convertirse, como de facto sucede, en una autorización encubierta (prohibida por la propia Constitución) y que no cabía utilizar el derecho sancionador como medida restrictiva encubierta del ejercicio de derechos.

Ha sido el más que valiente despliegue de las manifestantes en las calles el que ha permitido ensanchar los márgenes del derecho de reunión en estos años. Por cada movilización espontánea, por cada una de las personas que se ha expuesto a sanciones, por las que han vuelto a manifestarse después de haber sido sancionadas, por las que han defendido sus derechos con cada policía en las interlocuciones, por las que han sido sancionadas cuando mediaban, por las que han acudido pese a las campañas de miedo que desde Delegación del Gobierno trataban de confundir “manifestación no comunicada” con “manifestación ilegal”, por las que lo han hecho asumiendo el riesgo de detenciones y de golpes indiscriminados, porque han sido ellas las que han permitido ganar terreno en el conocimiento y ejercicio de nuestros derechos. Sabemos que no ha sido fácil; la propia OSCE ha acusado al Estado español de perseguir el derecho de reunión y de que, sin precedentes similares en nuestro entorno, sus observadores hayan llegado a ser expulsados mientras monitorizaban movilizaciones en Madrid.

Gracias a todas las que habéis arriesgado. Sabemos que, en gran medida, la contestación a las Leyes Mordaza nace de toda esta exposición previa. Aunque continúen en vigor, todo el camino recorrido ha sido y es importante, porque ha redefinido los estrechos límites de un derecho tan determinante en la configuración de las libertades públicas. Ha merecido la pena.

Echamos la vista atrás para saber de dónde venimos, pero no nos olvidamos, y en ello seguimos trabajando, de que el futuro está de frente. De todas nosotras y de nuestro trabajo en común depende que sigamos construyendo la realidad que queremos vivir. Seguimos y seguiremos denunciando las injusticias, continuaremos utilizando todos los recursos a nuestro alcance para que la impunidad no sea el resultado más común de los abusos de poder y autoridad. Pero por encima de todo, no dejaremos de aprender. Porque estos cinco años han sido, sobre todo, aprendizaje. Con vosotras, de vosotras. Porque ninguno de esos avances habría podido suceder sin las personas que pusieron el cuerpo en cada movilización, para defender, reivindicar y construir los derechos de todas. Es un lujo caminar de la mano de quienes habéis hecho esto posible.

Solo la lucha hace justicia.

 

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