Un derecho fallido para los hogares en situación de emergencia. Campaña renta mínima de inserción


Red invisibles

Desde la experiencia del paro de larga duración, el empleo precario y la ausencia de ayudas públicas, exigimos el cumplimiento de una ley de mínimos que se creó como última red de apoyo para aquellos hogares con ingresos tan bajos que padecen todo tipo de penurias, hasta el punto de pasar hambre y ser echados de sus casas por impago. Dicha ley, aprobada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid en 2001, reconocía a esas familias “el derecho a disponer de medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida (…) y el derecho a recibir apoyos personalizados para la inserción laboral y social” (preámbulo de la Ley 15/2001 de RMI). Son dos medidas que los poderes públicos deben promover y la ciudadanía afectada percibir, no como prestaciones asistenciales sino como derechos exigibles con rango de ley. Existen otras propuestas más ambiciosas de Renta Básica Universal o de renta mínima para las personas en paro sin ninguna prestación; la presente campaña se limita a reclamar el cumplimiento de una norma que ya existe.

Quince años después de aprobada la Ley de Renta Mínima, las medidas de acompañamiento para la inserción laboral se fueron reduciendo hasta suprimirse del todo en 2013 y la inmensa mayoría de los hogares “pobres” sigue sin percibir la Renta Mínima. La ley no establece con precisión cuáles son esos hogares con bajos ingresos, por lo que se toman como referencia los situados bajo el umbral de la pobreza (por debajo del 60% de la mediana de renta) o los que padecen pobreza severa (por debajo del 30%):

Si partimos de los hogares bajo el umbral de riesgo de pobreza, tal como hace la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la cobertura de la RMI en 2014 solo llegaba al 6% de sus potenciales destinatarios: 22.187 hogares perceptores a lo largo del año, de los 367.000 que se encontraban bajo el umbral de la pobreza según la Encuesta de Condiciones de Vida de ese año. Si tomamos como referencia el criterio más restrictivo de la pobrezasevera, la cobertura de la RMI llegaría al 17% de los 133.000 hogares que se encuentran en esa situación. Hay que destacar que este colectivo en extrema pobreza ha aumentado un 70% entre 2009 y 2014 y afecta ya a una de cada veinte familias. En conclusión, entre el 83 y el 94% de los hogares con bajos ingresos no acceden a la renta mínima que la Asamblea de la Comunidad de Madrid creó para ellos. Se trata, por tanto, de un derecho fallido que condena a la exclusión social a más de 300.000 personas que viven en hogares con pobreza severa (cerca de un millón si el umbral lo ponemos en la pobreza moderada).

 ¿A qué se debe esta situación? En primer lugar, a la cicatería en la aplicación de la ley por parte de los responsables políticos de la Comunidad. En lugar de asegurar su cumplimiento, dotándola de los recursos necesarios y agilizando los trámites, han partido de la desconfianza hacia los solicitantes y han puesto todo tipo de trabas burocráticas para dificultar el acceso, pervirtiendo el sentido originario de la ley: “la renta mínima deberá concederse sin mayores condicionamientos (…). La exclusión de la misma debe limitarse a los casos de fraude o de actitudes extremadamente inaceptables como la negativa sistemática e injustificada a aceptar un empleo adecuado” (Ley 15/2001).

En segundo lugar, desde el punto de vista de las familias socialmente excluidas, ha faltado información, apoyo social y autoorganización para tomar conciencia y exigir colectivamente su derecho a una renta mínima y a percibir ayuda personalizada para la inserción laboral.

En mayo de 2015, el Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid, el Observatorio de Exclusión Social, la Red de Lucha contra la Pobreza y el Foro ServSocial presentaron un informe detallado sobre “la situación de deterioro de la RMI que pone en grave riesgo a miles de familias madrileñas” denunciando, entre otras cosas, la complejidad de la normativa de instrucción y la lentitud en valorar los expedientes, que provoca que más de dos tercios sean rechazados o archivados, y que se incumplan sistemáticamente los plazos previstos por la ley (en 2014 se produjo un aumento notable de resoluciones administrativas); la insuficiencia de lascuantías, que se habían congelado desde 2010 y, aunque se han elevado recientemente, siguen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, tope máximo establecido por la ley de 2001; la inseguridad, indefensión y arbitrariedad de las peticiones documentales, con interpretaciones restrictivas de la normativa; la reducción injusta de la cuantía cuando varias unidades de convivencia perceptoras de RMI, precisamente como consecuencia de los desahucios o de no poder acceder a una vivienda independiente, comparten el mismo domicilio; la falta de medios materiales y humanos para tramitar los expedientes que cargan sobre los solicitantes la obtención de datos administrativos que se podrían obtener mediante una buena coordinación de los organismos públicos. En particular, la población atendida por trabajador social en la Comunidad de Madrid es casi el triple (8.921 personas) que la media de España (3.223), lo que lleva inevitablemente a la saturación y ralentización de los servicios.

Estas propuestas fueron trasladadas por el grupo parlamentario de Ciudadanos al pleno de la Asamblea de Madrid el pasado 1 de octubre de 2015, y se aprobó una resolución por mayoría absoluta de la cámara que instaba al gobierno de la Comunidad a elaborar, en el plazo de un mes, un estudio sobre el incremento de la cuantía y revisar al alza la Renta Mínima de Inserción en 2016. Sin embargo, del seguimiento mantenido por las cuatro organizaciones citadas se desprende que las medidas puestas en marcha por el ejecutivo para aumentar el monto y cobertura de la RMI “son claramente insuficientes” y, aunque se ha prometido incluir en el presupuesto una partida simbólica de tres millones de euros para acompañamientos, no se prevén modificaciones en el reglamento que permitan simplificar y facilitar la tramitación de los expedientes.

El flagrante incumplimiento de una ley dirigida a mitigar las situaciones de emergencia de la población más empobrecida tiene lugar en la comunidad española con mayor nivel de renta (según la contabilidad regional de España) y con el salario medio más alto (AEAT), pero donde también se producen las mayores tasas de desigualdad económica. Mientras otros derechos y prestaciones, dirigidos al conjunto de la población, concentran importantes recursos públicos y tienen una tasa de cobertura elevada, los destinados a los sectores sociales más frágiles, como las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas, disponen de un presupuesto insignificante en términos macroeconómicos y solo llegan a una minoría de la población para la que fueron creados. Así, según la última estadística de gastos en protección social, el conjunto de las políticas públicas de pensiones, sanidad y educación sumaban en España doscientas veces más (206.000 millones de euros, 20,2% del PIB) que las dirigidas a rentas mínimas de las Comunidades Autónomas (1.044 millones de euros, 0,1% del PIB de España). En el caso de la Comunidad de Madrid, la partida dedicada a RMI en 2016 (120 millones €) solo representa el 0,6% del presupuesto de la Comunidad para el presente año (17.890 millones €) y el 0,06% del PIB regional.  Haría falta dedicar el 0,6% del PIB, en lugar del 0,1%, para dar coberturade renta mínima a todos los hogares en situación de pobreza severa. Y si esa aportación fuera del 1%, la cuantía podría elevarse como media por encima del 60%. No harían falta nuevas leyes, bastaría replantear la aplicación de la que ya existe, de manera que llegase a todos los hogares para los que fue creada. La cuestión no es la falta de recursos, sino su reparto, profundamente desigual en materia de renta y de riqueza, y unas políticas sociales que se repartentambién de forma muy desequilibrada en perjuicio de los sectores sociales más excluidos.

A partir de estas reflexiones, la Campaña RMI persigue dos objetivos fundamentales, a desarrollar en los próximos meses: primero, denunciar las trabas económicas y burocráticas que limitan el acceso a los derechos sociales recogidos en la Ley 15/2001, ya que llegan a menos de la quinta parte de los hogares para los que fueron establecidos.  Segundo, informar y movilizar a los sectores sociales en situación de emergencia en torno a su derecho a percibir la RMI y los programas de acompañamiento personalizado para la inserción social y laboral.

 

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