Real Decreto 742/2016 y prestaciones sociales: un Gobierno que crea pobreza y odia a las pobres

Luis M. Sáenz

Hace algunos días escribí una nota sobre el anuncio de subida del salario mínimo interprofesional, con una valoración de “positiva, aunque insuficiente”, aunque con una interpretación diferente a la del PSOE, que la vincula a su apoyo a la investidura a Rajoy; y a la de dirigentes de Podemos que la han considerado “limosna”, ya que la entiendo como un logro social parcial, fruto de las luchas libradas y de la presión creada por una iniciativa del grupo parlamentario de Unid@s Podemos, En Comú Podem y En Marea respecto al SMI en el periodo 2018-2020.

El BOE del 31 de diciembre de 2016 publicó el “Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017”. En efecto, en él se establece que el SMI 2017 será de 707,70 euros al menos o 23,59 euros diarios.

Sin embargo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en ese decreto, firmado por Fátima Báñez, se incluye en una disposición transitoria (que no es nada transitoria) un ataque frontal contra muchas de las prestaciones sociales propias de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, en concreto contra aquellas en las que el SMI influye en cuanto a la cuantía de la prestación o en cuanto a las condiciones de acceso a ella.

Ataque

Ese ataque tiene dos partes: una se refiere a 2017; otra, más agresiva aún, a 2018 y años siguientes.

La disposición dice que dado el carácter excepcional del incremento establecido por este real decreto, las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional no serán de aplicación a las normas vigentes de las comunidades autónomas, de Ceuta y Melilla y de la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, salvo disposición expresa en contrario de las propias comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla o de las entidades que integran la Administración local.

¿Cómo interpretar esas normas entonces? El real decreto dice que la cuantía del salario mínimo interprofesional se entenderá referida durante 2017 a la fijada en el Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, incrementada para los años siguientes en el mismo porcentaje en que se incremente el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

En resumen, dice lo siguiente:

a) La subida del SMI a 707,70 euros/mes no se aplicará a las prestaciones sociales de comunidades autónomas y ayuntamientos en las que el SMI influya en la determinación de la cuantía (por ejemplo, una prestación de importe 60% del SMI) o en los criterios de acceso (por ejemplo, un límite de ingresos igual al 150% del SMI).

b) Durante 2017 esas normas se interpretarán “leyendo” SMI como SMI 2016, es decir, 655,20 euros.

c) Lo peor de todo: a partir de 2018 esas normas quedarán definitivamente desvinculadas del SMI real, ya que, partiendo de 655,20 euros en 2017, cada año posterior SMI se interpretará en esas normas aplicando a la lectura del año anterior el porcentaje en que se aumente el IPREM. Para entender la gravedad de ese cambio hay que recordar que el IPREM se mantiene congelado en 532,51 euros ¡desde 2010! Es decir, si los Gobiernos de España siguen manteniendo ese comportamiento “criminal” hacia la población más necesitada, dentro de seis o siete años cada vez que esas normas digan SMI la “lectura” de eso podría seguir siendo 655,20 euros, sea cual sea el SMI real. Las comillas quieren decir que uso la palabra en un sentido ético, no en un sentido legal, de la misma forma que los obispos españoles dicen con frecuencia que el aborto es criminal sin que nadie les procese por ofensa a los sentimientos democráticos.

Conclusiones

Esta situación requiere algunas conclusiones generales y otras prácticas.

En primer lugar, confirma lo que ya han denunciado los colectivos que luchan contra la pobreza y la exclusión social: hay una intención política consciente de degradar al máximo la situación de la población que vive en riesgo de pobreza o exclusión, más de 13 millones de personas, y sobre todo la de quienes están en pobreza severa y necesitan el apoyo de prestaciones no contributivas. Y hay una intención política consciente de provocar una escisión entre la gente trabajadora, de forma que la que puede ir saliendo adelante con un salario mensual, aunque sea con estrecheces, se desentienda de la que no puede e incluso se vuelva contra ella como potencia competidora por los recursos públicos, lo que significaría, ni más ni menos, auge del fascismo.

En segundo lugar, dado que la comisión gestora del PSOE se apresuró a ponerse las medallas del logro social que representa el aumento del salario mínimo, es imprescindible exigir con urgencia, desde la calle y desde las instituciones, que aclare si este ataque frontal figuraba en una parte “secreta” de su acuerdo o si, por el contrario, va a denunciar con igual estrépito la estafa que significa este real decreto y va a unir sus fuerzas con Podemos y cualquier otra fuerza que lo impugne en las instituciones y trate de conseguir la anulación inmediata en esa disposición “transitoria”. No combatir esta decisión del Gobierno antisocial y siervo de las clases privilegiadas presidido por Rajoy sería, es, una canallada, ni más ni menos.

En cuanto a las conclusiones prácticas:

a) Desde la sociedad y los colectivos de lucha contra la exclusión hay que difundir al máximo posible este primer gran recorte social de la nueva legislatura, que va de la mano del regalo de 5.000 millones de euros de dinero público para cubrir el pufo vergonzoso del negocio privado montado entre políticos y empresas para la gestión de autopistas. Estudiando la posibilidad de convocar movilizaciones de protesta, aunque en un comienzo no sean masivas, denunciando esta vergonzosa actuación de la ministra de Trabajo y del presidente del Gobierno.

b) Hay que exigir a los ayuntamientos y comunidades autónomas que exijan la derogación de esa disposición y, sobre todo y con urgencia, que emitan disposición expresa en contrario, aclarando que, al igual que para Rajoy un plato es un plato, un SMI es un SMI y una infamia es una infamia. Empezando por los “ayuntamientos del cambio”, siguiendo por los gobernados por el PSOE y por las comunidades autónomas que gobierna, y, en definitiva, por cualquier ente municipal o autonómico en el que haya un mayoría de personas que, sean del partido que sean, sean capaces de ponerse en el lugar de su prójimo, de cualquier ser humano privado del acceso a los recursos básicos de la vida. Lo demás es vileza y servidumbre ante el caciquismo gobernante.

 

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