Querella del Tribunal Ciudadano de Justicia contra directivos de Caja Madrid

Foto: DISOPRESS

 

El TCJ recurrirá el archivo de la causa contra Barcoj el 19 de septiembre, y prepara una nueva campaña de recopilación de pruebas para reabrir la investigación de Blesa y el resto de querellados

TRIBUNAL CIUDADANO DE JUSTICIA

En la Acampada Sol de mayo de 2011 emergió el lema “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Dicho lema señalaba a los principales responsables de la crisis-estafa y mostraba la indignación por la manipulación de las causas del hundimiento económico del país y la utilización de la gente como cabeza de turco de un sinfín de recortes de sus derechos. De aquella asamblea nacieron los cauces asamblearios que crearon el Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ), cuya iniciativa quedó consensuada por más de 2.000 personas en Sol el 14 de mayo del 2012 durante el primer aniversario del 15M.

El TCJ identificó la práctica ilícita de sobretasación de las viviendas, práctica ilegal en todo caso y bajo toda normativa, como el núcleo desde el que se propagaba la burbuja inmobiliaria. El TCJ habilitó puntos de recogida de hipotecas, junto con la escritura de compra-venta y las tasaciones de las viviendas, para obtener pruebas. El elevado número de expedientes aportados permiten constatar que la totalidad de las entidades financieras incurrían de manera sistemática en la práctica fraudulenta de la sobretasación. Es el caso de Caja Madrid, donde el importe de los préstamos hipotecarios concedidos es superior al precio de compraventa de la vivienda en una media del 156%.

Comprender el origen, desarrollo y estallido de la burbuja inmobiliaria requiere poner el foco sobre la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, que supuso una brutal desregulación de la recalificación del suelo y abrió la puerta a los gestores bancarios para que desarrollaran una nueva estrategia de concesión de hipotecas que les permitiría aumentar sus retribuciones con comisiones según el volumen de préstamos hipotecarios que concedían. Al mismo tiempo provocaban daños irreversibles al patrimonio, al paisaje y al medio ambiente, a la vez que graves vulneraciones de derechos colectivos.

Sobretasación

El pelotazo ya estaba servido. Así, con una nueva estrategia para la concesión de créditos, tanto a promotores del sector inmobiliario como a particulares, se inflaban las comisiones repartiendo hipotecas a mansalva mediante la violación sistemática del tope legal de 80% del precio de la vivienda que una sucursal bancaria o caja podía conceder como préstamo hipotecario. De la tradicional entrada del 20% ni hablar. Los bancos aparentaban sobre el papel estar concediendo el 80% mediante la creación de un valor ficticio superior al precio de la vivienda, llamado “sobretasación”. Concedieron préstamos hipotecarios que pagaban no solo la vivienda y todos los gastos, sino también las lucrativas comisiones repartidas entre colaboradores, entre ellos agencias inmobiliarias y notarios, con talones al portador y sobres con efectivo.

Los precios también se incrementaron con la nueva demanda. Ya no era necesario guardar el dinero para comprar una casa. Los créditos se regalaban. Los bancos y cajas de ahorros inflaban los recursos reales (creando dinero) mediante la titulización de las hipotecas. La burbuja crecía y crecía. En 2005 se firmaron más de 1,7 millones de hipotecas en España, diez veces más que en los años siguientes al estallido de la misma.

De los análisis de los expedientes hipotecarios aportados aparecen las pruebas que constatan la conducta delictiva de los gestores de las entidades financieras, a la vez que evidencian la permisividad de los organismos reguladores e inspectores —el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)— y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción. El TCJ emprendió una querella contra los responsables directos de Caja Madrid después de elaborarla por delitos penales de estafa (art. 248 CP), administración desleal (art. 302 y 390 CP) y asociación ilícita (art. 515 CP).

Los miembros del consejo de administración de Caja Madrid orquestaron y tramaron la concesión de una cantidad desorbitada de créditos hipotecarios por importe de 53.208 millones de euros, según la inspección del Banco de España de 20 de julio de 2009. Esta ingente cantidad permitió a los gestores inflar sus altísimas retribuciones, que quedaron fijadas en función del volumen de negocio de la entidad, aun en el caso de pérdidas de la caja. Los gestores, al no ser dueños de la sociedad, nunca sufrieron las pérdidas de la misma ni les supuso ninguna merma en sus remuneraciones, aunque generaron un agujero de miles de millones de euros.

El consejo de administración de Caja Madrid eliminó en el año 2003 la comisión de Auditoría. La inspección del Banco de España del 20 de julio de 2009 alertó del alto índice de préstamos concedidos sin ningún control y elevando artificialmente las garantías mediante las sobretasaciones. No se tomó ninguna medida al respecto.

El Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional admitía la querella del TCJ el 30 de marzo de 2016. Comenzó una carrera de obstáculos impuestos por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso desde un primer momento, alegando que la sobretasación de los inmuebles era una práctica generalizada (extremo que reafirma la estafa masiva perpetrada por la totalidad de los responsables del sistema financiero español). El juez instructor tuvo que aclarar lo obvio: “el hecho de que la sobrevaloración de las tasaciones pudiera haber sido en España y otros países una práctica generalizada en el período anterior al estallido de la crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, no puede sin embargo justificar cualquier práctica”.La Fiscalía Anticorrupción se ha alineado en todo momento con los postulados de las defensas de los partícipes en la trama delictiva financiera, convirtiéndose en el mejor valedor de los estafadores frente a una ciudadanía organizada. Tampoco dudó en solicitar el archivo de la causa en aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que desde el 1 de enero de 2016 limita el tiempo para llevar a cabo la investigación judicial de querellas “no complejas” a seis meses. El juez tuvo que defender su independencia estableciendo un periodo adicional de 18 meses.

Foto: JUAN ZARZA | DISOPRESS

El 19 de julio de 2016, tras un sinfín de dificultades interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción, la querella contra Barcoj, antiguo director general financiero y de medios de Caja Madrid, fue archivada por la Sala 3º de lo Penal de la Audiencia Nacional. Barcoj es una pieza clave en la comisión de los delitos investigados por haber dirigido y controlado la política de riesgos de la entidad. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y los abogados defensores de los querellados, no se apreciaban indicios de delito por la sobretasación en los préstamos hipotecarios por considerar que los 100 expedientes hipotecarios aportados como prueba no representan una práctica sistemática respecto del conjunto de los préstamos concedidos. Conviene señalar que un número similar de expedientes sirvieron a los técnicos del Banco de España para realizar su inspección a Caja Madrid en el 2009.

‘Excesos’

La Sala 3º reconoce que se han cometido “excesos”, pero no que esos excesos hayan tenido consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad, y llega a realizar afirmaciones ridículas como “lo que es difícil de probar se convierte en un delito imposible”. Así se querría dar por zanjada la investigación de los delitos cometidos, pero no se contaba con el exitoso crowdfunding lanzado por el TCJ para recurrir ante el Tribunal Supremo el lunes 19 de septiembre.

El 1 de septiembre de 2016 también fue desestimada la querella contra Blesa, el antiguo presidente de Caja Madrid; pero, a diferencia del anterior, solo de forma provisional, permitiendo proseguir con la investigación si se aportan nuevas pruebas o hechos que demuestren los delitos cometidos. El TCJ seguirá esta vía de acción cerrada en el caso de Barcoj, y prepara una nueva campaña de recopilación de pruebas para reabrir lo antes posible la investigación de Blesa y el resto de querellados en la Audiencia Nacional.

Los bancos son empresas. Ellos mismos hacen hincapié en que no son ONGs cuando desahucian a las familias, arrojando niños y bebés a la calle. El despilfarro sistemático de sus ladrones de cuello blanco se ha convertido en deuda pública provocado la crisis-fraude, recortes sociales y consecuencias imprevisibles. El daño producido afecta al conjunto de la población, no únicamente a los afectados por las hipotecas fraudulentas. La bancarrota (quiebra técnica) de las entidades financieras ha sido subsanada con créditos por más de 100.000 millones de euros de la Unión Europea, el llamado “rescate bancario”, cuya obligación de pago ha sido trasladada a todas y a todos como consecuencia de prácticas ilegales, inadmisibles e infames en lo que se define a sí mismo como Estado Social y Democrático de Derecho. La dejadez de sus órganos de regulación financiera ha permitido ahora dar por perdidos 26.300 millones en ayudas públicas a la banca. Sabemos en qué bolsillos cayeron.

 

Queremos daros las gracias a todas las personas que nos habéis mostrado vuestro apoyo en nuestra campaña de crowdfunding #HazteFiscal y anunciaros que empezamos una recogida masiva de expedientes de Caja Madrid (en ejecución hipotecaria y ya desahuciados) para reforzar los 100 que ya presentamos en la Audiencia Nacional.

Si estás en proceso de ejecución hipotecaria, has sufrido un desahucio de Caja Madrid o conoces a alguien que se encuentre en esta situación, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro email tribunalciudadanodejusticia@gmail.com o cualquiera de nuestras redes sociales.

 

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