Las pensiones y sus ladrones

Foto: MARÍA CONCEPCIÓN CEBOLLA

15M Aluche

El sistema público de pensiones se basa en que los que trabajan pagan a los que están jubilados, no en que lo que paga cada trabajador se guarda para su propia jubilación. En España se pagan 130.000 millones de euros anuales en pensiones, pero solo se recaudan 49.640 millones.

El presidente Aznar, que se prejubiló a los 52 años y quiere que los demás se jubilen a los 70, en el año 2002 creó el Fondo de Reserva de las Pensiones para ir metiendo allí lo que sobraba después de pagar a los pensionistas. Dijo que era una hucha en la que “el PSOE no podrá meter mano”, pero es su compañero M. Rajoy quien ha metido la mano en la caja. El 1 de enero de 2013 entraba en vigor la reforma de las pensiones que “dejó antes de irse” el Gobierno Zapatero, en la que incluyó un “factor de sostenibilidad” que incumple la Constitución, recorta automáticamente las pensiones e impide que suban más del 0,25%. Así cada pensionista pierde el 7% cada año por la subida de los precios.

El artículo 50 de la Constitución dice: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la Tercera Edad”. Continuamente se cambia a forma de calcular lo que le queda a un trabajador al jubilarse y con cada cambio se reduce la pensión. Otra forma de reducir las pensiones es eliminando las mal llamadas “pagas extraordinarias”. A cada pensión le corresponde una cantidad total anual que se reparte en 14 pagas, por lo que las dos que se suprimen son parte de la pensión y un derecho, no una gratificación.

Los economistas dicen que se necesitan más de dos trabajadores que coticen por cada pensionista, pero no hay suficientes cotizantes, y las nuevas cotizaciones son muy bajas porque los contratos eventuales, a tiempo parcial, en prácticas y por horas cotizan menos. El problema se agravará cuando aumente el número de jubilados por la evolución de la población española.

Las cotizaciones aumentan según los salarios hasta el de 3.500 euros, y ya no aumentan aunque las nóminas sean mayores. Tampoco se puede recaudar más con los contratos actuales, porque algunas ayudas fiscales reducen y casi eliminan las cotizaciones. Así nunca se recaudará lo necesario, y la diferencia aumenta cada año. Con el tiempo el problema será mayor, porque el índice de natalidad de los españoles es el más bajo del mundo, pero no se ponen los medios para que los jóvenes tengan ingresos que les permitan formar familias.

Los medios de comunicación repiten la consigna de que la única solución es que los trabajadores contraten planes de pensiones privados con los bancos (que financian a esos medios), pero 8 de cada 10 planes de pensiones han terminado con pérdidas.

La prensa internacional publica que el Gobierno ha usado hasta el 97% del Fondo de Reserva de las Pensiones para comprar deuda pública del propio Estado español, que como nadie la quería comprar se la compró a sí mismo con el dinero guardado para pagar las pensiones. El diario económico alemán Deutsche Wirtschafts Nachrichten y Der Spiegel lo calificaron de engaño contable y saqueo, el periódico norteamericano The Wall Street Journal también alertó de esta especulación con el dinero de los jubilados españoles, y el Financial Times calificó a Luis de Guindos como “el peor ministro de Economía de Europa”.

Cuando el Gobierno ha necesitado dinero, lo ha cogido del Fondo de Reserva de las Pensiones, que en 2011 tenía 66.815 millones de euros, en 2015 solo quedaban 32.485 millones, y ya está casi vacío. Sin embargo, el rescate total a la banca (que no lo devuelve pero reparte beneficios entre sus accionistas) costó 36.000 millones (solo el rescate de Bankia costó 13.000 millones), que casi coinciden con los 33.000 millones que entonces sacaron del Fondo de las Pensiones. El Gobierno se gastó 30.000 millones en comprar armas, 5.000 millones en rescatar a las autopistas, 1.800 millones en la plataforma Castor, etc. El despilfarro y el robo del dinero público han creado una deuda de 1.144.229 millones de euros. Dicen que las pensiones no pueden subir ni mantenerse, pero el artículo 109.1.a de la Ley General de la Seguridad Social permite que el dinero de las pensiones llegue desde los Presupuestos Generales del Estado, como se hace con los salarios de los policías, que suben 561 euros y los de la Guardia Civil, que suben 720 euros.

Parece que a esta situación no se ha llegado solo por el robo, la incapacidad y la falta de previsión, sino ejecutando un plan en el que se ha ido reduciendo la capacidad adquisitiva de los jubilados, limitando el flujo de cotizaciones, desviando el dinero de éstas a la deuda privada de la empresas y tapando los desajustes contables del Gobierno. El plan desmantela el sistema público de pensiones y favorece al sector bancario (al que ya se rescató), para que coloque planes de pensiones privados.

El Gobierno tiene la principal responsabilidad en el saqueo, pero son cómplices las organizaciones políticas y sindicales que están en el Pacto de Toledo, de las que algún día se sabrá qué recibieron a cambio.

 

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