La Carta contra el Hambre, aplicada en el distrito de Tetuán

El Roto


Carlos Pereda

Lo que voy a contar es la primera experiencia aplicada de la Carta Contra el Hambre en Madrid, concretamente en el distrito de Tetuán. El proceso se inicia en la Mesa Contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán, espacio abierto y horizontal en el que se encuentran personas, colectivos e instituciones para evaluar las situaciones de emergencia existentes en el Distrito y programar de forma participativa las acciones a llevar a cabo. El 7 de octubre de 2016 tenía lugar su tercer encuentro cuando la concejala del Distrito, Montserrat Galcerán, planteó crear una comisión para diseñar de forma participada un proyecto que permitiera salir al paso de las emergencias alimentarias. La mesa aceptó el reto y se creó la comisión.

La primera propuesta partió del departamento de Servicios Sociales de la Junta, que presentó un pliego de condiciones para licitar un comedor social donde se daría comida a 50 personas adultas, más otras 25 raciones para llevar a casa. Esta propuesta encontró bastantes pegas, y en la siguiente sesión, el 14 de noviembre, hubo una nueva propuesta por parte de los grupos de la Asamblea 15M de Tetuán (Banco de Alimentos, Stop Desahucios e Invisibles) aprobada por unanimidad. La idea se inspiraba en los principios de la Carta Contra el Hambre, en cuya red el Banco de Alimentos 15M de Tetuán venía participando desde un año antes.

La propuesta aprobada tenía como principal objetivo facilitar el ejercicio del derecho a la alimentación dando cabida a “la participación ciudadana, comenzando por las propias personas afectadas, y la coordinación con los agentes sociales implicados, para el seguimiento, evaluación y colaboración en la ejecución presupuestaria”, según planteaba literalmente el Pacto Contra el Hambre suscrito por la mayoría de los partidos políticos el 12 de mayo de 2015. Para desarrollar este objetivo, el grupo motor sería la comisión de Derecho a la Alimentación, que tomaría las decisiones de manera consensuada y dispondría de una persona coordinadora (a media jornada), con funciones de mediación y gestión. Del mismo modo, el Espacio de Cultura Alimentaria contaría con un profesional de cocina, también a media jornada, para dar soporte al Centro de Cultura Alimentaria. La comisión se propuso dar los siguientes pasos:

1) Buscar los puntos de reparto existentes en el Distrito e invitarles a trabajar en red en el seno de la comisión. Para ello, se haría un diagnóstico inicial sobre la insolvencia alimentaria y los recursos existentes.

2) Determinar las personas que harían las funciones de “coordinadora-nexo” y “cocinera”.

3) Establecer un sistema de tarjetas para adquirir alimentos frescos en el comercio local, que completase la dieta de alimentos no perecederos de los puntos de reparto.

4) Decidir los criterios a tener en cuenta para priorizar la asignación de tarjetas en función del marco presupuestario establecido por el Ayuntamiento.

5) Diseñar el trabajo a realizar en el espacio de cultura alimentaria del CSC Josefa Amar.

6) Dar al vecindario la información sobre la puesta en marcha del nuevo recurso.

Desde que se aprobó el proyecto, la comisión se ha reunido en siete ocasiones, con los siguientes resultados:

Diagnóstico sobre la insolvencia alimentaria en el distrito de Tetuán: de este trabajo se encargó la comisión de Estudios de la mesa. El informe recoge en la primera parte una amplia muestra de indicadores de fragilidad social que afectan a un sector de hogares del Distrito. La insolvencia alimentaria afecta sobre todo a quienes se encuentran en situación de pobreza severa (unos 4.000 hogares, 6,3% del Distrito), cuyos ingresos son tan bajos que no pueden hacer frente a sus necesidades básicas. El problema es el reparto injusto de la renta y de la riqueza, que se concentra de forma masiva en una minoría y conduce a la precariedad y el endeudamiento a otro sector importante de la sociedad, afectado también de insolvencia alimentaria.

La segunda parte del informe se centra en los recursos disponibles. Hasta ahora la ayuda pública es bastante limitada, y el principal soporte son los 19 puntos de reparto de alimentos detectados en los seis barrios del Distrito. La mayoría de los puntos de reparto están gestionados por entidades religiosas, nueve católicas y cuatro protestantes; otros cinco son organizaciones de beneficencia, de diversa orientación; y otro surgió a raíz del movimiento 15M y es autogestionado por las propias familias receptoras. El informe recoge con detalle el origen y características de los alimentos, que en la mayoría de los casos no incluyen productos frescos. En total, reciben alimentos alrededor de 2.500 familias y 9.800 personas, que suponen el 4% de los hogares de Tetuán y el 6,4% de la población total. Ningún punto de reparto se ha opuesto al proyecto y la mayoría ha acudido a las reuniones de la comisión, si bien en bastantes casos con poca continuidad y escasa implicación, sobre todo al observar que las reuniones se dilataban en el tiempo redundando en los mismos temas y sin resultados tangibles.

Encontrar las dos personas para asegurar el desarrollo del proyecto. De esta tarea se encargó la propia junta a través de Servicios Sociales y la gerencia del Distrito, quienes por diversas razones no lograron asignar esos puestos de trabajo, pese a la diversidad de opciones presentadas. Ante la necesidad de avanzar, la propia jefa de Servicios Sociales asumió con carácter temporal la función de persona-nexo y se buscaron profesionales de cocina a partir de una contrata ya establecida en el CSC Josefa Amar.

Establecer un sistema de tarjetas. Se encargó también la Junta, que llegó a un acuerdo con una financiera especializada, pero las tarjetas no están todavía disponibles por no haberse resuelto algunos detalles técnicos.

Criterios para asignar las tarjetas. El primer paso era conocer el marco presupuestario municipal para, sobre esa base, elaborar desde la comisión los criterios y procedimientos para agilizar la adjudicación a las familias que acuden a los puntos de reparto. De lo primero se encargó la Junta, a través de Servicios Sociales. A partir de ello, la Comisión avanzó un procedimiento concreto para la asignación de tarjetas que se fue mejorando en sucesivas reuniones, con fórmulas cada vez más precisas en torno a las cantidades a asignar, una guía con los pasos a dar y una hoja de derivación para entregar en los centros de Servicios Sociales, cuyas profesionales elaborarían el informe social prescriptivo para conceder o denegar la prestación. Llegados a este punto, en la reunión del 3 de mayo la jefa de Servicios Sociales planteó que tenía que consultar con su equipo las cantidades a asignar en las tarjetas y que avisaría una vez efectuada dicha consulta, lo que todavía no se ha producido. Conviene destacar que la función de la hoja de derivación desde los puntos de reparto es contribuir al objetivo enunciado por la Carta Contra el Hambre de dar cabida a “la participación ciudadana, comenzando por las propias personas afectadas, y la coordinación con los agentes sociales implicados”, comprendiendo que las propias personas receptoras y las responsables de los puntos de reparto que les acompañan y conocen las circunstancias de su vida cotidiana pueden aportar cuestiones relevantes al informe de la trabajadora social de cara a asignar o denegar la prestación.

Creación del espacio de cultura alimentaria en el CSC Josefa Amar: el 15 de marzo se crea un grupo de personas voluntarias que se encarga de diseñar los primeros talleres con personas receptoras de alimentos. El proyecto, que se llama “Yo me lo guiso, yo me lo como”, se aprueba en la siguiente reunión de la Comisión, y los dos primeros talleres, de 30 horas de duración y 15 personas cada uno, han iniciado su andadura con los siguientes objetivos: 1) generar un espacio de formación y de encuentro para vecinos en torno a la alimentación y la economía doméstica; 2) facilitar aprendizajes sobre cocina cotidiana, economía doméstica, empleo y otros temas que el grupo considere prioritarios; 3) favorecer el encuentro vecinal y un espacio de convivencia, autoayuda y sinergia; y 4) favorecer el conocimiento y acceso a recursos comunitarios del Distrito.

Hasta aquí he tratado de recoger la evolución objetiva de los acontecimientos. Como opinión más personal, compartida con la comisión de Estudios de la mesa y con el Banco de Alimentos 15M de Tetuán, creo que se ha avanzado de manera importante pero que el ritmo de trabajo se ha ralentizado en exceso por la lentitud de la propia junta en dar salida a los compromisos concretos a los que he hecho referencia. En su descargo, se plantea la sobrecarga de trabajo que afecta a los Servicios Sociales del Distrito, que se habría evitado si hubieran dispuesto de una profesional cualificada con media jornada laboral dedicada al proyecto, tal como se planteó desde el principio. Resulta difícil de comprender que, estando todas las partes comprometidas con la bondad del proyecto y contando con la partida presupuestaria correspondiente, no se agilicen los últimos pasos para desbloquear su aplicación en beneficio de las familias en situación de emergencia alimentaria.

Por otra parte, el cauce escogido para asignar las tarjetas para la compra de productos frescos se podría aplicar adaptando con más flexibilidad sus requisitos al contexto general del proyecto y a la participación y protagonismo que se quieren dar a la comisión de la Mesa contra la Exclusión y a los puntos de reparto. Desde la asamblea del Banco de Alimentos de Tetuán, en carta enviada a la comisión, exponían su temor a que desde Servicios Sociales quieran aplicar dicha partida presupuestaria de forma similar a como se aplican otras ayudas, dependiendo del criterio exclusivo de las trabajadoras sociales. Sin embargo, la tarjeta de ayuda alimentaria sobre la que trabajamos pretende romper con ese esquema, en la medida que introduce la participación directa de las personas afectadas y de los puntos de reparto de alimentos en la gestión de la ayuda.

En conclusión, desde nuestra óptica es una pena que los aspectos procedimentales del proyecto hayan acaparado gran parte de las reuniones de la Comisión, con avances muy lentos cuando las decisiones dependían de los órganos de la Junta, y con un efecto desmovilizador entre las personas receptoras y los responsables de los puntos de reparto, que esperaban resultados concretos.

 

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