¿Ilegalizar al Partido Popular?

FOTO: Álvaro Minguito

HEITHOR BEIRA

Desde hace unas semanas hemos conocido la noticia de otro caso más de corrupción que afecta a los anteriores responsables del gobierno de la Comunidad de Madrid, que han terminado con el anterior presidente, Ignacio González, en prisión y de paso ha obligado a dimitir a la Lideresa como cargo público en el Ayuntamiento de Madrid. Otro caso más de corrupción que ha generado alguna concentración ante la sede del PP en Madrid y de nuevo ríos de tinta en diarios y horas de discusiones en las tertulias políticas de las principales cadenas de radio y televisión.

Ante la magnitud de la corrupción desarrollada en Madrid, que imaginábamos pero ahora estamos conociendo por decisiones judiciales, y referidas a prácticas del pasado reciente en los años de gobierno del PP en Madrid a más de uno se le ha ocurrido, e incluso se recogen firmas en la web para ello: ilegalizar al Partido Popular. Ante lo cual cabe cuestionarse de manera legítima si ello es posible.

Para ello, recordemos en primer lugar el supuesto de disolución de partidos políticos recogido en el artículo 10.2 de la Ley de Partidos en el que se establece que:

La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes:

a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal.(…)

c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo.

(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-12756)

Desde luego no faltan elementos para considerar que el PP cumple dicho tipo penal, aunque sea necesario recordar que dicha ley está referida a organizaciones que apoyen al Terrorismo( de ETA) y se ha aplicado con toda su contundencia a partidos y asociaciones vascas.

Obviamente el Partido Popular no es estructura terrorista si como tal pensamos en la desarmada banda pero habrá que cuestionarse qué consideramos terrorismo, sólo la actividades de extorsión, de coacción física, amenazas y sobre todo asesinatos premeditados contra personas para causar miedo en la población o habría que extender tal concepto y entender por tal el hecho de imponer un régimen de miedo la ciudadanía( a perder un empleo, , a no tener vivienda, sanidad, vivienda, y otros muchos derechos civiles y sociales a través del Gobierno. Pues caber recordar que la Ley Mordaza y reforma del Código Penal son más propias de regímenes dictatoriales que de sistemas democráticos como incluso ha señalado la prensa internacional. Por supuesto esta valoración excede el punto de vista legal dirán muchos, pero qué son las leyes sino la expresión del Estado que como diría Rosa Luxemburgo no deja de ser una organización o un instrumento de la clase dominante, cosa que ha quedando clarísima con la legislación austericida, si nos paramos a cuestionar la realidad que nos rodea, cosa que decían los filósofos clásicos nos distingue de los animales irracionales.

Por otra parte, podíamos pensar que es muy exagerado y tendencioso aplicarle la ley de partidos al Partido popular, pero ¿no lo es más condenar a alguien a un año de prisión y varios de inhabilitación para ser funcionario público por hacer un chiste sobre el último presidente de de la dictadura? ¿O por cantar letras incómodas o simplemente colgar un comentario en una red social? Todo ello a la vez que no hay nada objetable en declaraciones de irresponsables políticos de los más altos niveles indicando que los pobres trabajadores vivimos demasiado y por eso los sistemas de pensiones públicos no son sostenibles, o directamente diputadas gritando en el Parlamento que nos jodan a quienes trabajamos al aprobar la reforma laboral que efectivamente nos está jodiendo las vidas, nunca antes habían estado más acertados los políticos del partido de gobierno como en aquella ocasión.

También me gustaría recordar que hace 10 años, antes de la Crisis, el gobierno llegó a disolver un ayuntamiento, no un partido, ni asociación empresarial o banda criminal, UN AYUNTAMIENTO, por sus reiterados casos de corrupción que constituían una práctica habitual de saqueo de las arcas públicas (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-6345). Por supuesto fue algo excepcional pero estaba amparado legalmente en el artículo 61 de la Ley 7/1985 que regula las Bases del Régimen Local, cuya lectura hace pensar que se refería a ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale pero que en aquel caso se aplicó a un ayuntamiento corrupto.

Nada que no se le pueda aplicar al PP, al menos en la Comunidad de Madrid

Obviamente no soy el primero en plantearme la ilegalización del Partido Popular por la corrupción generalizada descubierta allá donde gobierna ni seré el último.Sólo me gustaría saber, me encantaría, que algún juez o magistrado se atreviese a planteárselo por lo menos en la Comunidad de Madrid, pues elementos, incluso legales hay de sobra para procesar al Partido Popular. No digo que sea con estos artículos, pero la judicatura española ha demostrado ser muy imaginativa en sus decisiones al admitir querellas e incluso condenar a determinadas personas por ejercer sus derechos sean de Libertad de Expresión, Huelga o Manifestación ( incluso antes de existir la Ley Mordaza) que se lo pregunten a Alfon, Bódalo, Nahuel, los enjuiciados por las operaciones araña, a Casandra, las personas desahuciadas, y muchísimos más casos que no caben en este artículo.

Si a la persona que la esto le parece que pido demasiado quizá es porque deberíamos dejar de pedirlo y exigirlo en la calle como hicimos hace 6 años.

 

 

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