Campaña de criminalización por parte de entidades bancarias

Foto: Pah Vallekas

TEXTO:  Texto apoyado por distintas PAHs y Asambleas de Vivienda de Madrid

Denunciamos la campaña de criminalización de miles de familias por parte de las entidades bancarias y de la Delegación del Gobierno en Madrid y emplazamos a la FRAVM a posicionarse del lado de las familias empobrecidas y del derecho a la vivienda.

Mafia con usura, peleas y drogas. Conflictividad en grado sumo, ¿para qué mostrar más realidades? Esa parece la principal conclusión del supuesto informe de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) sobre ocupaciones de pisos en Madrid, que El Mundo cita parcialmente, pero del que no hay ni rastro en la propia web de la Federación; es decir, que pese a no haber sido presentado públicamente por las asociaciones vecinales, ya es citado de forma sesgada por la Delegación del Gobierno en Madrid y por la Fiscalía. Terreno sembrado.

Desde las PAH’s y colectivos de lucha por la vivienda, llevamos tiempo explicando y denunciando la situación de quienes a la desesperada, tras haber sido en muchos casos desahuciadas o desalojadas, desprovistas de ayudas públicas, ocupan, recuperan, una vivienda vacía propiedad de un banco, la Sareb o de entidades públicas.

La recuperación, la ocupación, en situación de emergencia social no es cualquier elección sino la única opción vital que les queda a quienes han sido empujadas a la miseria. Además, es legítima porque son pisos que ya, en su inmensa mayoría, de sobra hemos pagado toda la ciudadanía a través del rescate financiero y la estafa hipotecaria.

Los propios servicios sociales saturados de los ayuntamientos —de cualquier color político— recomiendan esta opción a decenas de familias todos los días, tal y como hemos puesto de manifiesto en numerosas ocasiones desde la campaña Obra Social de la PAH. Esto sucede en el Madrid de Carmena y sucedía en el Madrid de Ana Botella, y en ayuntamientos de todo el Estado.

El único objetivo de esta campaña es revestir de legitimidad a las entidades bancarias que se niegan a negociar con “okupas”, al decir que, detrás de las ocupaciones, no está la supervivencia sino solo mafias, una serie de grupos criminales que gestionarían un mercado de pisos clandestino. Esto no es así en la inmensa mayoría de casos. Pero ¿dónde quedan en cualquier caso las personas que han acabado comprando un piso de manera irregular porque era la única opción vital a su alcance —recordemos: ante la dejación de las administraciones públicas—? Con esta campaña de intoxicación recae de nuevo una doble pena sobre las más desfavorecidas, estafadas por mafias y encima, de nuevo en la calle. Claramente, la solución no puede vestirse de más represión.

Hay que distinguir un problema de seguridad (cualquier mafia), del problema de vivienda, de supervivencia. Resulta ruin y cruel equiparar por un lado a quienes utilizan la vivienda como quien vende cualquier cosa robada (negocio) con quienes, por otro lado, por su situación económica no pueden acceder a pagar precios de mercado ni a la insuficiente oferta de viviendas públicas (Madrid tiene el menor parque de vivienda social de Europa). Mezclarlo es querer camuflar parte de la realidad.

Hasta ahora, diferentes asociaciones vecinales han expresado su preocupación por la inseguridad creada en los barrios donde los llamados fondos buitre se han ido haciendo con las antiguas viviendas sociales vacías. Es el caso del Ensanche de Vallecas, donde afectados por la venta de viviendas del IVIMA denuncian, además de la venta de sus casas y su posible desahucio, problemas de inseguridad y de convivencia en los antiguos pisos vacíos de la Comunidad de Madrid. Resulta del todo increíble que la delegación del Gobierno del PP, el partido investigado judicialmente por la venta de esas mismas viviendas (por delitos de malversación de caudales públicos y sustracción de bienes públicos de su utilidad social), se erija ahora en defensor de esas mismas familias y anuncie un supuesto plan para el desalojo exprés, cuando lo único que tenían que haber hecho para evitar esa situación era destinar las viviendas a un alquiler social asequible para tod@s y no venderlas a los fondos buitre.

Por otro lado la pretendida equidistancia del Ayuntamiento de Madrid le sitúa, sea cual sea su sensibilidad, junto a los bancos y a una campaña de criminalización que no es gratuita. El equipo que dirige Manuela Carmena tiene que promover una política de vivienda valiente en defensa de las más desfavorecidas y desligarse claramente de aquellas políticas antisociales que la han precedido. El problema es que por ahora parece que da por buenos argumentos de unos bancos que han demostrado su codicia y malas prácticas de manera permanente. Seamos sinceras, seamos claras, seamos transparentes, si esa es su opción que la asuma, igual que nosotras asumimos la nuestra.

En la campaña de las 5 de la PAH exigimos que los bancos y la SAREB así como las administraciones (a través del IVIMA o la EMVS) saquen en alquiler social los pisos vacíos y que se deje de tolerar la especulación con un bien básico. Exigimos que cesen las campañas de ataque contra los colectivos, las familias, las personas que más están pagando la crisis.

Emplazamos además a la FRAVM a explicar públicamente la naturaleza del supuesto informe al que alude la prensa, si se trata de un documento interno de trabajo o si lo ha puesto en manos de la delegación del Gobierno en Madrid y otras instancias policiales. Así como a explicar qué propone para las familias que, como último recurso, accedieron a esas viviendas.

 

 

Comparte!
Etiquetas: , ,