Triste noticia, el CETA firmado

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Hemos asistido en Europa un hecho insólito: un Parlamento regional belga, el de Valonia, que se ha leído el texto del CETA, lo ha analizado y debatido durante semanas, y llegó a la conclusión de que muchos de los artículos del tratado contenían cláusulas lesivas para la ciudadanía de su región, por lo que decidieron un voto negativo al Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA por sus siglas en inglés) que la Unión Europea ha negociado con Canadá. Se unieron a su negativa varios Parlamentos regionales belgas creando una situación sin precedente a la Comisión Europea, y es que la democracia en una pequeña región le ponga condiciones a lo que consideraban un paseo sin tropiezos.

Luego hemos asistido a una lucha desigual entre el Parlamento valón y cuatro Parlamentos regionales más, que tenían capacidad de veto sobre el voto de Bélgica, y la maquinaría de la Comisión Europea. Las presiones han venido por todos los frentes, incluidas amenazas con la retirada de inversiones o el aislamiento económico por parte de la patronal europea o los Gobiernos alemán o francés. Y al final se ha llegado a una solución de compromiso para garantizar la firma por parte del Consejo Europeo el día 30 de octubre, pero que en ningún caso cierra la posibilidad de que se frene el CETA, ya que declaración belga incluye una serie de exigencias que, aunque no modifican el texto, impedirán a los Parlamentos regionales belgas ratificar el tratado en un futuro no muy lejano si no se cumplen esas condiciones.

¿Qué contiene la declaración que ha permitido al Gobierno de Valonia transigir con la firma del CETA?

Quizás el punto clave es la disconformidad de los Parlamentos regionales belgas con la actual redacción del capítulo 8, que define la protección de los inversores. El texto incluye algo casi imposible de que se llegue a cumplir, ya que no lo recoge el texto firmado: es la exigencia de que sean “jueces profesionales“, y no árbitros, los jueces del Sistema de Tribunal de Inversión (ICS) que creará el tratado.

También se pide una especial protección a las pequeñas y medianas empresas que les garantice el acceso al sistema de arbitraje. Esta pretensión resulta algo confusa, ya que la mayoría de las pymes no tendrían capacidad económica para pagar los cerca de 3.000€ diarios que cobran los abogados especialistas en arbitraje internacional. De acuerdo con los estudios hechos sobre los tribunales de arbitraje, las demandas planteadas y ganadas para defensa de los inversores son hechas por grandes corporaciones multinacionales en unos procesos que cuestan millones de euros, presupuesto imposible de alcanzar por las maltrechas pymes.

La declaración también incluye la propuesta de excluir los servicios públicos del CETA, algo que es una contradicción manifiesta con el texto firmado el día 30 de octubre, ya que el documento del CETA propone una ampliación de los procesos de privatización y externalización, por otro lado ya presentes en la Unión Europea, pero este tratado además contiene cláusulas que impiden la recuperación por parte del Estado de la gestión de los servicios públicos.

También exigen una mayor protección y apoyo a agricultores y consumidores europeos, pero como estas condiciones no están en el texto del CETA, queda al arbitrio del Gobierno belga el cumplirlas o no.

Por último, la declaración contiene la decisión del Gobierno belga de elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que defina si es compatible la actual redacción del mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ICS) con lo expresado en los tratados de la UE, lo que puede suponer a la larga la suspensión del tratado.

En resumen, el texto del CETA permanece intacto, y lo que está incluido en la declaración y en el instrumento interpretativo tiene una capacidad vinculante que está por demostrase.

Pero hemos de decir que esta lucha no ha sido infructuosa, ya que ha demostrado que tenemos herramientas democráticas que nos pueden ayudar a parar los tratados: en este caso ha sido el CETA, pero también el TTIP y el TISA. Pero hemos de recordar que, aun existiendo estas herramientas, sin la lucha previa de la sociedad civil, que desde las diversas campañas ciudadanas lleva denunciando los riesgos de los tratados del mal llamado “libre comercio”, el Parlamento valón no habría analizado y bloqueado durante varios días la firma del CETA.

Seguimos en la lucha

Hemos de alejar el desánimo de la opinión pública, aunque los defensores del libre mercado hayan vendido esta firma como una victoria. Todavía al CETA le queda un gran recorrido: el día 5 de diciembre se debatirá en el grupo de de trabajo de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. También en el mes de diciembre puede llegar al debate en el Parlamento Europeo, aunque en un principio se fijó la fecha para el 14 de febrero.

Es cierto que la gran coalición populares-socialdemócratas-liberales votarán al unísono. Pero dentro de las filas socialdemócratas hay voces discordantes entre franceses, alemanes o belgas, y es la labor de la sociedad civil agudizar esa diferencia. También presionar a los grupos Verdes o al GUE (la izquierda europea) para que incentiven el debate y su compromiso contra los tratados.

Si el CETA se ratificase en el Parlamento Europeo, todavía tendría que ser ratificado por los Parlamentos nacionales; un proceso lento, ya que depende de cuándo cada uno de los Parlamentos lo incluya en su agenda. Pero la Comisión Europea, de una forma tramposa, ha conseguido que el tratado entre en vigor de forma provisional en el momento que lo ratifique el Parlamento Europeo, aunque solo en los temas que afectan a la UE.

La declaración del Parlamento de Valonia ha permitido que la tan temida cláusula de protección de los inversores (ISDS-ICS) no entre en vigor en esta aplicación provisional. Por lo que solo se aplicará en el caso de que se diese ratificación por todos y cada uno de los Parlamentos nacionales y regionales, en total 38, que deben revalidar el tratado.

Y en este proceso, la sociedad civil todavía tiene mucho que decir para convencer a los parlamentarios de que el CETA no solo es una amenaza a nuestros derechos sociales, sino también un traspaso del poder decisorio de la democracia a manos de las transnacionales.

 http://www.noalttip.org/cetacheck/

 

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