Titulización y Participaciones Hipotecarias

Como todo, debajo de una simple palabra como la “titulización” hay conceptos muy complejos. Tras un análisis exhaustivo podemos ver características que a simple vista nos pueden confundir, y en su caso desinformar.

GT Titulizaciones

Estamos hablando de la titulización como un proceso financiero.

La materia “prima”… nuestros créditos hipotecarios, nuestras hipotecas; las mismas que los estragos de esta crisis y la falta de trabajo terminaron para algunas de nosotras en el incumplimiento de los pagos, en un doloroso proceso judicial y en un desahucio final inenarrable.

Sería muy extensa la explicación en detalle del proceso por el cual la banca se volvió loca, ninguneando el riesgo y dando créditos a cualquiera que lo pidiera. Tanta alegría tenía un motivo ocultándonos la cara; sí, precisamente, la titulización.

La concesión por aquellos entonces de más créditos fáciles y por mayor importe, sobretasando las viviendas, no era otra cosa que una operación de engorde; se engrosaba el negocio por medio de la sobretasación para vender los créditos finalmente en los mercados secundarios de valores y trasladar el riesgo a esos mercados, mejorando las ganancias de la entidad y del resto de actore: financieras, bancos, gestoras de fondos de titulización y, en teoría, bonistas. En fin, todo ello ayudado por una regulación a la medida y chapucera en la que los bancos supieron nadar hasta forrarse y meter al país en la ruina en la que está, por mucho que nos cuenten otras cosas.

Dicho esto, veamos ahora, también de forma breve, cómo pudieron llegar a consumar sus propósitos esta especie de ludópatas.

En esa nebulosa legal del proceso de las titulizaciones hay unas estrellas que resaltan: se llaman “participaciones hipotecarias” (PH), un verdadero bosón de Higgs para el curioso mundo de la jurisdicción financiera, y negocio jurídico independiente de la titulización, aunque forme parte de su proceso general. ¿Su principal similitud con ese misterioso bosón?… Que en ambos casos no es posible el estudio directo.

Para las PH no hay una definición concreta y suficientemente aclaradora en todo el articulado de las leyes de nuestro país, y eso a pesar de ser una figura jurídica que en la práctica es piedra angular para el movimiento de miles y miles de millones de euros; eso a pesar de ser el vehículo donde viajan los derechos de crédito que nuestros acreedores, bancos y financieras, venden a fondos de titulización creados por ellos mismos, con el objetivo de revenderlos en los mercados financieros, ya te adelanto, vía bonos hipotecarios. Bonos que en un principio compran inversionistas profesionales, llamados también “institucionales”; traducido al castellano: fondos de pensiones y demás productos de ahorro que algunas de entre las que estáis leyendo esto acabaréis comprando. ¿Lo veis? la cuadratura del circulo está servida. Lo que parece un descuido del legislador cuando menos curioso, demuestra esconder una mala intención, un afán desmedido por sumar el peso de la balanza siempre en el mismo lado, legislando como siempre para unos pocos.

Cacarean desde los círculos económicos y políticos más bien conservadores que este mecanismo se ha instaurado para el bien de los créditos futuros, ya que se saca del balance contable de las financieras todos los créditos concedidos, facilitando así la aparición de nuevos créditos y a mejor precio. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que ha fomentado este mecanismo es una fiebre de emisión de riesgo a la sociedad entera, riesgo revertido sobre nosotras o sobre nuestros padres, riesgo recubierto por el envoltorio de esos productos de ahorro que compramos, inconscientes en muchos casos de que la maravillosa compra que hemos hecho, entregando un dinero al fondo de pensiones, acabarán los directivos de éstas dando la orden de compra de estos bonos de titulización.

Resulta que no se puede estudiar directamente qué significa una PH y sacar conclusiones tan fácilmente. Surgen algunas dudas razonables que la ley no termina de tipificar…

¿Qué papel tienen los emisores de estos títulos o valores después de la cesión/venta del total de los derechos de crédito, nuestros créditos?

¿Con qué se queda el banco realmente una vez producida esta cesión al 100% de su valor?

¿Está regulado de manera inequívoca si, como su nombre indica, la participación, al ser cedida al fondo de titulización por el 100% de lo que queda por pagar, la entidad emisora de la PH, o sea el banco, sigue ostentando alguna titularidad que le permita, entre otras, tener legitimidad activa para presentarse en un proceso de ejecución hipotecaria en nombre propio?

¿No estaremos ante una usurpación de figura jurídica?

Una participación es algo parcial, su nombre ya lo dice… Ahora, si la participación es al 100%, ¿no es realmente una venta tradicional enmascarada bajo esta figura?

Para averiguar todo esto solo nos podemos basar en los efectos indirectos que produce a su paso por el camino a engrosar las arcas de las emisoras de las PH, nuestros acreedores, los bancos y financieras.

Para determinar si hay o no una titularidad compartida entre el fondo y la emisora de las PH, además sobrevenida , pues la operación se produce después de nuestra firma del crédito, no nos queda otra que bucear en las leyes del registro de la propiedad para ver las características que allí se citan sobre los actores en caso de querer inscribir el bien en el registro de la propiedad, los derechos de crédito cedidos en las emisiones de PHs en este caso.

Otro de los “sitios” de legislación, igualmente indirectos, donde podemos intentar aclarar cómo y qué es una titularidad compartida sobrevenida es en los conceptos jurídicos generales que sustentan el Código Civil.

Actualmente se están produciendo una serie de sentencias por parte de jueces de Primera Instancia apoyadas en ciertas reunificaciones de criterios, tanto a nivel de juzgados de Primera Instancia como de Audiencias Provinciales, basadas éstas en la aplicación acérrima de los artículos 30 y 31 del RD 716/2009. Esto, que no es más que un reglamento de la Ley 2/1981, no tendría por qué aplicarse, ya que la única referencia que se hace dentro de él a la ley que desarrolla, concretamente en su artículo 15, es que cuenta con que el banco o financiera tengan afianzada la condición de acreedor para que el RD entre en acción, cosa natural si no se hubiera procedido a ninguna modificación posterior a la firma de nuestro contrato, donde la entidad obtiene sin ninguna duda esa condición de acreedor.

Pues bien, desde el grupo de titulizaciones de la Coordinadora de Vivienda de Madrid mantenemos una tesis muy distinta: que el banco perdió la posición de acreedor en el momento que emitió y vendió —¡ojo, al 100% de lo debido!— las participaciones hipotecarias con base a nuestros créditos, por lo que no se puede aplicar desde ese momento el artículo 15 de la Ley 2/1981, y por lo tanto el RD que la desarrolla.

¿Nadie se paró a pensar que los artículos de leyes y reales decretos solo deben aplicarse a los sujetos jurídicos que demuestren tener la capacidad de disfrutarlos? Éste es el caso de los bancos: los jueces, sin pensarlo dos veces, aplican leyes que no les corresponden a estos sujetos.

No cabe ninguna duda de que, al ser esta decisiva materia, las PH, regulada de forma tan difusa, genérica y torticera, en caso de conflicto, y entiéndase éste como el proceso de ejecución hipotecaria, los jueces tengan un tan amplio margen de interpretación que cabe, sin ningún problema para ellos, la emisión de autos cargados de ideología política; prejuicios personales, sociales y económicos, ajenos a derecho, ya que la ley no los limita, incluso se podría decir que los favorece.

Esta nueva visión de las participaciones hipotecarias da un giro sustancial en la comprensión del negocio llamado “titulización”, que ya, desde ahora, no debería llamarse así, por inducir a equivoco a jueces, abogadas y afectadas. Y en éstas estamos, desde el Grupo de Trabajo sobre Titulizaciones de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, junto con la Comisión Jurídica Estatal de la PAH, impulsamos la creación de una segunda versión del Kit de Titulizaciones en base a estos criterios para que sea aprovechado por todas las afectadas que lo consideren.

Qué duda cabe de que las implicaciones financieras y políticas de verter a mansalva el riesgo suicida creado por los bancos mediante la venta de deuda a la sociedad, sin su conocimiento, mediante renuncia a ser informadas en la ilegal clausula de cesión que todas firmamos en las hipotecas, tiene otras consecuencias que escapan a este artículo, pero que son fáciles de comprender.

 

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