Renta Mínima de Inserción (RMI) 2017: CIFUENTES SUSPENDE

Pancarta de RMItuderecho

Luismi Sáenz

Aunque una información detallada sobre la gestión de la RMI en 2017 no estará disponible hasta la publicación del balance anual correspondiente, ya se dispone de datos provisionales que permiten algunas conclusiones.

De hecho, al escribir esta nota la iniciativa ciudadana de apoyo mutuo RMI: Tu Derecho está trabajando colectivamente en la elaboración de una primera evaluación de la gestión y resultados de la RMI 2017. Sin embargo, las fechas de cierre de madrid15m impiden esperar a ese comunicado aún en fase de elaboración, por lo que en estas líneas se aportan algunas impresiones bajo la única responsabilidad de quien la escribe.

Número de familias perceptoras: disminución a lo largo de 2017

Al ver los datos disponibles lo primero que llama la atención es que el número de familias perceptoras de la prestación en diciembre de 2017 y la cuantía total de la nómina de ese mes son menores a los mismos datos en diciembre de 2016 o en enero de 2017. Desde febrero de 2017 se inicia una ruta descendente muy clara. En diciembre hay 1.048 familias perceptoras menos que en enero.

Atención: es posible que la Comunidad de Madrid alegue que el “gasto” total en 2017 ha sido un 5,1% mayor que en 2016 y que el número total de prestaciones mensuales pagadas a lo largo de todo 2017 ha sido un 3,4% mayor que el de 2016. Y es cierto. Pero eso se debe a que 2016 empezó muy bajo y fue subiendo con bastante rapidez, de manera que en diciembre de 2016 se pagaron 2.921 prestaciones más que en enero de ese mismo año. En enero de 2017 volvió a subir, así que este año empieza bastante por encima de como lo hizo 2016. Pero a partir de febrero empieza a bajar y bajar, y así hasta diciembre.

Simplificando: los datos globales de 2017 parecen “mejores” que los de 2016 en lo que se refiere a prestaciones pagadas porque en 2016 se mejoró más que lo que se ha empeorado en 2017, pero éste ha sido un año muy malo, porque se ha instalado a lo largo de él una tendencia a la disminución del alcance social de la RMI que, por el momento, permanece y está haciendo estragos.

Se conceden muchas menos RMI, se suspenden cautelarmente muchas más

Con los datos disponibles es imposible un cálculo preciso de las entradas y salidas que determinan la evolución del número de familias que cobran la RMI. Sin embargo, entre ellos hay otras dos “evoluciones” que llaman la atención a primera vista y que tienen mucho que ver con la tendencia negativa que se ha impuesto en 2017.

Por un lado, la evolución de las resoluciones iniciales (concesión, denegación, archivo) tomadas por la Comunidad de Madrid sobre las nuevas solicitudes presentadas. Al mirar esos datos, casi nos da un patatús. En 2017 se han concedido 2.270 rentas mínimas menos que en 2016. Luego piensas que igual es porque han tomado menos resoluciones de cualquier tipo… pero no, resulta que en 2017 se han tomado tantas (una más en realidad) resoluciones como en 2016. Pura y simplemente lo que ocurre es que conceden menos y deniegan y archivan más: fueron de concesión una de cada dos resoluciones en 2016, una de cada tres en todo 2017 y una de cada cuatro en el último trimestre de 2017. ¡Aceleración en caída!

Por otro lado, quizá el más doloroso y el que más daño está haciendo, en 2017 ha habido un 47% más de suspensiones cautelares del pago de la prestación, que suelen durar varios meses cuando no terminan en extinción de la RMI: en total ha habido 1.119 más que en 2016. Las suspensiones cautelares están previstas para cuando hay “indicios fundados” de que se han dejado de cumplir los requisitos exigidos, lo que pasa es que de un tiempo a esta parte todo, cualquier duda sobre algún dato que muchas veces se resolvería con una consulta previa sin necesidad de llegar a esto, parece ser un “indicio fundado”. Digamos que la suspensión cautelar se está convirtiendo en una suspensión preventiva de aplicación muy general, como si cada familia perceptora de RMI fuera un “sospechoso habitual”.

Esos datos no explican todo. Hay que considerar el número de extinciones y un montón de factores más, pero explican mucho en lo que se refiere a las cifras y, sobre todo, son los que están más directamente relacionados con lo que están padeciendo en su cuerpo y en su mente tantas familias que, a falta de empleo o de empleo que permita salir de la pobreza, intentan obtener la RMI, o que ya la han obtenido pero de repente la ven amenazada.

¿Por qué?

“Técnicamente” es evidente que los equipos evaluadores de la RMI en la Comunidad de Madrid están aplicando prácticas de gestión diferentes, mucho más agresivas. La normativa no ha cambiado, pero ésta pierde flexibilidad, se reinterpreta o simplemente se la saltan descaradamente. Ejemplos hay muchísimos.

Así, en el cómputo de ingresos. Contra la propia literalidad del reglamento y contra el espíritu de la ley, se han empeñado en contar como ingresos las ayudas de emergencia de familiares y amistades. Eso es descaradamente ilegal, pero lo hacen, sobre todo si nadie da apoyo a la familia afectada en caso de que ésta, como es normal, no conozca las leyes que rigen la RMI. Y más cosas.

Y de las suspensiones, ¿qué? El servicio gestor puede pedir información complementaria cuando quiera, así que en caso de duda lo razonable es solicitar que se aclare tal o cual situación, pero ahora se tiende a comunicar la suspensión cautelar y pedir tal o cual documentación. Por ejemplo, hay familias a las que han suspendido cautelarmente la RMI porque les atribuían tener propiedades inmobiliarias… vendidas hace ya muchos años, antes de obtener la RMI desde luego.

¿Tiene esto sentido? ¿Se puede actuar con esa imprudencia y desprecio a las personas empobrecidas?

Pero claro, esto no es problema técnico. Los equipos evaluadores actúan de esa manera bajo directivas políticas, muchas veces implícitas, no escritas. Actúan así porque, aunque siempre hay más de 4.000 y solicitudes aún en tramitación, se han dedicado muchas fuerzas a una masiva y arbitraria revisión de las prestaciones ya concedidas, a pesar que el propio director general responsable de RMI ha reconocido que el fraude en esa prestación no es significativo. Actúan así por objetivos políticos, que desde luego buscan limitar el alcance de esta importante inversión social, a la que temen precisamente porque saben que en tanto que prestación económica llega a muchas menos personas que las que la necesitan, y que en tanto que apoyo a la inserción sociolaboral no está funcionando, como ha reconocido públicamente el citado director general.

No vamos a poner en boca de nadie lo que aún no ha dicho. Escuchemos las explicaciones que el Gobierno regional dé, y si no las da exijámoslo. Ahora bien, tengamos claro que no podemos admitir, venga de donde venga, que del mal se haga virtud y que de la disminución de las familias que cobran RMI se haga emblema de que “Madrid va bien”, de que hay menos rentas mínimas porque hay menos necesidades, etc. La realidad, fácilmente comprobable, es que en Madrid hay muchas más personas y familias necesitadas de RMI que las que la tienen; y que a quienes la tienen no les saca de la pobreza, como pasa también con tantos empleos parciales y temporales en estos tiempos.

Solas ante el peligro

Quizá una de las mayores muestras de la insensibilidad social de quienes gobiernan es que, ante trámites cada vez más complejos para algo que es un derecho, las personas están cada vez más abandonadas. La propia Comunidad de Madrid debería tener equipos de atención para apoyar, para explicar lo que quieren decir cartas que les llegan en lenguaje administrativo, imperativo y amenazador; para explicar dónde y cómo se puede obtener tal documentación. Pero no existen. Ante la gente, la Administración aparece como un “bando contrario”, que a su vez la mira como a sospechosos defraudadores. En realidad, desde la Comunidad de Madrid se deriva todo, cada vez con más descaro, hacia los centros de Servicios Sociales municipales, a la vez que se respetan menos sus competencias.

¿Pero qué pasa en los CSS? En la mayor parte de los municipios, sobre todo los más grandes, están desbordados. Las citas se retrasan cada vez más, incumpliendo las propias cartas de servicio. Faltan trabajadoras sociales (TT SS) y personal de apoyo. Las y los TT SS hace mucho que no pueden hacer trabajo de calle. A sus tareas propias se suman las que les rebotan de la Comunidad de Madrid. Y el Gobierno de España impide que los ayuntamientos contraten un personal tan esencial para la población. Además, durante 2017 a las propias TT SS municipales, con muy pocos medios, les está siendo cada vez más difícil que la Comunidad de Madrid les responda a sus consultas o que se tomen en cuenta sus informes sociales. Como en todas las profesiones y entidades, hay todo tipo de personas y de cumplimiento de sus tareas, pero el problema es estructural. Por ello, aunque la culpa sea del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid, las y los alcaldes(as) deberían tomar cartas en el asunto y no permitir que sus CSS sean ninguneados. Deberían coger el teléfono y llamar a Cifuentes para decirla: “ni una más a mi gente. ¡Respeto!”. Y si no les hacen caso, deberían explicar a la población abiertamente lo que está pasando con los Servicios Sociales municipales.

Y ahora volvamos de ahí a una familia que recibe una carta de la Comunidad de Madrid en la que le dice cosas que no entiende muy bien, que suena amenazadora y donde le da un plazo de diez días para no sabe muy bien qué. A veces le pedirá tal o cual documentación y quizá le diga que la entregue a su trabajador social municipal. ¿Qué hace? Pues quizá pida cita en el CSS para que le expliquen bien todo eso, pero posiblemente se la den para uno o dos meses después. Y entonces se abre un camino de desesperación y confusión, en el que ya no sabes si lo haces bien o mal.

Por descontado, lo mejor es, además de pedir cita en el CSS, ponerse en contacto con colectivos como RMI: Tu Derecho, porque la experiencia compartida encuentra más soluciones que la soledad de cada cual con nuestros problemas. Pero sabemos que estos colectivos tienen aún poco alcance, que mucha gente no sabe de su existencia, que cuando los encuentra quizá ya han pasado 40 días desde que le dieron un plazo de 10… Ésta es la realidad y, aunque sea un error renunciar a nuestros derechos, es comprensible que muchas personas que necesitan la RMI terminen renunciando o expulsadas en el camino, o que sientan angustia ante la perspectiva de volver a O’Donnell 50 o a su CSS.

Pero no hay soluciones mágicas. Los privilegiados mandan porque tienen el poder del dinero, y ante eso hay que organizarse, agruparse, sumar. Ayudarnos, acompañarnos. Pero también hay que denunciar lo que hacen los gobernantes y exigir a las instituciones que cumplan con sus obligaciones. Denunciar lo que funciona mal y proponer alternativas mejores, como por ejemplo ha hecho RMI: Tu Derecho en su documento con 43 propuestas para la mejora de la RMI. Entender que hace falta un cambio profundo sin renunciar a pelear cada mejora. Nos tienen que oír. Hay que conseguir que mucha gente sepa lo que pasa, porque eso sí les preocupa a ellos, los de arriba. Nos tienen que ver en multitud. n

 

MÁS INFORMACIÓN:
www.rmituderecho.org
rmituderecho@gmail.com

 

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