Por una ley urgente del derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid

Mesa de firmas en la EMV

PAH

 

INTRODUCCIÓN

Un desalojo forzoso constituye una agresión directa al derecho a una vivienda adecuada del artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos. Pese a ello, entre 2008 y 2015 se han contabilizado más de 79.000 desahucios en la Comunidad de Madrid, desamparando a personas en una situación vulnerable.

En la Comunidad de Madrid hay cientos de miles de viviendas vacías, pero el parque de vivienda pública es gravemente escaso y los abusos bancarios son demasiado habituales ¿Cuántas veces hemos rescatado a la banca ya?

En resumen lo que esta ley busca es:

— Garantizar la eficacia del derecho a una vivienda adecuada del artículo 47 de la Constitución.

— Paralizar los desalojos forzosos sin alternativa habitacional.

— El establecimiento de un proceso de acceso a la vivienda general y de emergencia.

— El establecimiento de medidas para prevención del uso antisocial de las viviendas.

— La garantía habitacional para situaciones de exclusión residencial en función a la renta familiar.

— La protección al consumidor en materia de vivienda para evitar conductas abusivas.

 

LA COMUNIDAD Y LAS PERSONAS

A la vivienda pública deben tener acceso todas las personas que residen en la Comunidad Autónoma, aunque la prioridad en el acceso dependerá de la situación económica y social de las personas solicitantes.

El derecho de uso como protagonista de la ley: como nuevo paradigma, se restringen las formas de acceso a una vivienda pública. La modalidad será la de derecho de uso (análogo al alquiler), descartándose la compra o derechos de opción.

El derecho de uso comportará la obligación del pago de una renta. Esta renta será proporcional a la capacidad económica de los beneficiarios. Los gastos de suministro están incluidos en la renta. El valor de referencia para el cálculo de los importes será el Salario Mínimo Interprofesional. La obligación del pago de la renta será mensual, trimestral o semestral, a elección de la persona.

Solicitantes y la Administración

Las personas solicitantes tendrán opinión en todos los estados del procedimiento. Se regula el derecho a presentar solicitudes conjuntas con personas no familiares. Se incluye el derecho de elegir los criterios preferidos a la hora de asignación de vivienda. La Administración y la persona tendrán una relación continua durante todo el procedimiento.

La Administración tendrá la obligación de recabar todos los datos de la persona que consten en registros públicos. Se eliminan así los obstáculos burocráticos.

Hay dos tipos de procedimiento para el acceso a la vivienda:

— En primer lugar el régimen general.

— En segundo, el régimen por emergencia habitacional, para los casos especiales.

El régimen general se compone de dos tramos: i) el reconocimiento del derecho y ii) la adjudicación de vivienda. Todas las resoluciones son susceptibles de recurso.

El régimen de emergencia habitacional se utiliza en aquellos casos en que existe un elevado riesgo de desamparo (lanzamiento o desalojo inminente, personas sin hogar, etc). La asignación de vivienda es temporal y gratuita, pero su solicitud lleva aparejada automáticamente la solicitud del régimen general.

 

LA COMUNIDAD Y LAS CASAS

El Parque de Vivienda, que estará compuesto por los inmuebles de titularidad pública y aquellos adscritos a este régimen, cumpliendo unos estándares de salubridad, y acondicionamiento entre otros.

Las viviendas se adjudicarán siguiendo criterios de proximidad, arraigo, servicios públicos, etc. Las personas podrán elegir cuáles de esos criterios son más importantes para ellas.

Las personas en régimen de propiedad horizontal tendrán voz y voto en las decisiones que afecten al inmueble.

La Comunidad y sus órganos:

El órgano principal de gestión es la Agencia de Vivienda Social. Se modifica su composición para que las entidades sociales defensoras del derecho a la vivienda puedan participar en las decisiones de la Agencia.

 

USOS ILÍCITOS DE PROPIEDAD PRIVADA

Algunos usos de la propiedad privada son tipificados como antisociales y contravienen el artículo 33 de la Constitución. Se diseña un régimen sancionador que persigue estas conductas cuando el infractor es un Gran Tenedor.

Definición de GRAN TENEDOR:

— Entidades financieras, filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil.

— Personas jurídicas que, por sí solas o mediante un grupo de empresas, sean titulares de una superficie habitable de más de 300 m2, distribuidos en al menos tres viviendas.

— Las personas físicas que sean titulares de una superficie habitable de más de 500 m2, distribuidos en al menos cinco viviendas.

Definición de USOS ANTISOCIALES:

— Vivienda vacía durante más de seis meses.

— Omisión de oferta vinculante de alquiler en casos de desalojo.

— El incumplimiento de los deberes de conservación de la vivienda.

— El incumplimiento de deberes de pago y conservación de fincas derivados de la Ley de Propiedad Horizontal.

— Por último, el incumplimiento del deber de inscripción registral de la titularidad.

Tipos de SANCIONES:

Sanciones económicas de hasta 600.000 euros y de otro tipo. Destacamos la cesión forzosa del uso de vivienda vacía, para su inclusión al Parque de Vivienda durante el tiempo que dure la sanción. Lo recaudado se integrará al presupuesto de la Agencia de la Vivienda Social.

 

PREVENCIÓN Y COLABORACIÓN

Se incentiva el alquiler de vivienda en el régimen previsto en la ILP mediante la posibilidad de que los propietarios suscriban convenios de colaboración con la Agencia de Vivienda Social.

 

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Esta ley garantiza la protección de los consumidores. La nueva Agencia de Protección al Consumidor perseguirá conductas abusivas en contratos sobre vivienda. En esta agencia participarán las entidades sociales defensoras del derecho.

Se desarrolla un sistema de reclamaciones a partir del cual la Agencia investiga y sanciona prácticas abusivas. Se crea un Registro Regional de Infracciones en materia de Vivienda de carácter público.

 

SUMINISTROS BÁSICOS Y POBREZA ENERGÉTICA

Esta ley garantizará que todas las personas que residen en la Comunidad de Madrid disfruten de suministros básicos necesarios para una vida digna.

Esto sería el resumen de los objetivos de la ley.

 

QUÉ QUEREMOS

Artículo 47 CE. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 53.3 CE. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero (artículoss 39-52) informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Queremos que se dote de eficacia, desarrollo y protección al Artículo 47 de la Constitución Española. Porque es un derecho integral tuyo y no puede ser el negocio de unos pocos.

Respeto a La Constitución en la Comunidad de Madrid, ni más, ni menos.

Una Comunidad habitable: queremos que las personas sean lo primero

— Con un régimen de acceso general, que te reconozca el derecho de uso a una vivienda pública de alquiler. Con una renta proporcional a tus ingresos y que incluya el gasto de agua y de energía.

— Una política clara de acceso de emergencia a las personas en situación de desamparo. Con garantías de un techo digno frente a los desalojos forzosos.

— Esta vivienda pública se te adjudicará siguiendo criterios como la proximidad, arraigo, servicios públicos, etc. Siempre en una vivienda salubre y por consiguiente en buen estado de conservación y adecuada a las necesidades de la unidad familiar. Teniendo tú tanto voz como voto en lo que te afecte.

Movilizar la vivienda desocupada

— Bonificando el alquiler asequible, con cláusulas sociales.

— Sancionando a grandes tenedores (principalmente entidades financieras y empresarios inmobiliarios) con multas e incluso la cesión forzosa por el uso antisocial que den a la vivienda vacía, o que no mantengan adecuadamente.

— Obligación de bancos e inmobiliarias de ofertar alquiler social en caso de desahucio a personas vulnerables.

Proteger a la parte más débil

— Con una agencia de protección al consumidor en materia de vivienda, con participación de la sociedad civil, que registre, persiga y sancione prácticas abusivas. Basta de engaños y estafas.

— Garantizando que todas las personas que residen en la Comunidad de Madrid disfruten de suministros básicos necesarios para una vida digna.

 

DÓNDE PUEDO FIRMAR

Antes del 26 de mayo necesitamos mínimo 50.000 firmas físicas de electores en la Comunidad de Madrid, en pliegos oficiales. Así que las promotoras y colaboradoras (aquí puedes consultar quiénes somos) estamos llevándolos a la calle, habilitando mesas de recogida de firmas.

Consultar la web: https://goo.gl/1E6iNy

 

APORTACIONES

CUENTA en Caja de Ingenieros:

ES05 3025 0006 2214 3327 3414

www.ilpviviendamadrid.com

 

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