Nueva entrega de ‘Salvando bancos’

MARTA LUENGO

Hoy vamos a contar otro capítulo de la larga lista de sucesos que revelan la absoluta complicidad entre las élites política y empresarial. El embrollo de las cláusulas suelo ha tenido en vilo a los banqueros un tiempo hasta que, por fin, la Gran Coalición ha echado a andar y ha podido remendar lo que la poca justicia que emana de los tribunales quería enredar.

Como ya contáramos en el número de enero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había decidido ir más allá de lo dictado por el Tribunal Supremo imponiendo la retroactividad de las cláusulas suelo. Todo se remontaba a mayo de 2013 cuando este último tribunal, a pesar de haber declarado nulas las cláusulas que limitaban la bajada del interés a pagar por las hipotecas, no se atrevió a dar el paso de exigir la devolución de todo lo cobrado de más (que venía de 2009).

Pero varios juzgados de rango menor, con jueces más “a pie de calle”, decidieron elevar al TJUE la cuestión de la retroactividad. El resultado, publicado a finales del año pasado, es por todos conocido: había que devolver hasta el último céntimo. Cundió el pánico entre las élites patrias. Por supuesto, no había que cantar victoria: la Gran Coalición ya estaba en marcha, dispuesta a hacer el trabajo sucio. Había que darse prisa, comenzaba incluso a oírse que se pretendía obligar a los bancos a notificar a todo el que tuviera una cláusula suelo (solo el 10% reclama) y, para colmo, solo horas después del fallo europeo ya había jueces aplicando la doctrina que obligaba a devolverlo todo.

Después de aparentar los desacuerdos de rigor ante las cámaras, el PP y la gestora del PSOE concibieron un real decreto-ley que habría firmado la mismísima Ana Botín. En él muestran su preocupación por el ciudadano: no se canse usted con la tediosa vía judicial, ya sabe cómo están de saturados los juzgados entre desahucios, preferentes, casos de corrupción y recortes. Le proponemos una vía extrajudicial totalmente gratis. Eso sí, que beneficia a los bancos, no se puede tener todo.

El mecanismo consiste en una sencilla negociación bilateral entre bancos e hipotecados en la que los primeros no tendrán que proponer devolver la cuantía total cobrada de más. Pero no seamos puntillosos: ¿es que alguna sentencia importante decía lo contrario? Es cierto, en el primer borrador sí se incluía este pormenor, pero la banca se quejó y, para una vez que lo hace, la Gran Coalición, indulgente, ha cedido. Finalmente, tampoco se obliga a los bancos a comunicar a sus clientes que tienen tal cláusula, pero eso sí: deberán poner hasta en la página web que tienen gente ocupándose del tema.

En la rueda de prensa de presentación del decreto, los diputados del PSOE Pedro Saura y Margarita Robles desalentaban del uso de la vía judicial, promocionando el nuevo mecanismo. Nunca se sabe, alarmaban, lo que puede dictar un tribunal, lo mismo hasta le toca pagar al afectado. Las dudas sobre la vía judicial solo las podía diluir el Supremo. Pues bien, este tribunal acaba de aplicar la sentencia europea en un caso que afectaba al BBVA (que tendrá que devolver todo lo cobrado de más), sentando así el precedente con el que se juzgarán las hipotecas que lleguen a la última instancia. Veremos cómo reacciona la Gran Coalición y en qué medida su decreto consigue salvar la banca, una vez más.

En cualquier caso, es evidente que los bancos siguen haciendo lo posible por empeorar su reputación y credibilidad, abonando el terreno para que prosperen causas como la nacionalización de la banca o investigaciones de las irregularidades de sus productos. No debemos desaprovecharlo, puesto que casos como el que nos ocupa hoy (o el exitoso caso Bankia), nacido de las demandas de los ciudadanos de a pie, muestran dos cosas: que las instituciones no nos van a apoyar y que la movilización es efectiva. Organizarse es la clave.

 

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