Las mujeres están demandando un trato idéntico en las pensiones al de los hombres

Fernando de la Prida / Coordinadora de Pensiones

Al calcular las pensiones según las cotizaciones, la normativa existente es idéntica para el hombre y para la mujer. Pero en la práctica, todas y todos sabemos que eso no es así, y queremos dar nuestra opinión al respecto, ya que, en este momento, entre las reivindicaciones de las mujeres se encuentra también la petición de recibir un trato idéntico, en materia de pensiones, al de los hombres.

El cobro de una menor pensión por parte de las mujeres se debe fundamentalmente a los siguientes factores discriminatorios.

En primer lugar, por las condiciones pasadas, presentes y posiblemente futuras del mercado de trabajo, del empleo de hombres o mujeres: al tener menores salarios y haber cotizado menos que el hombre en la gran mayoría de los empleos, la mujer genera menos derechos a su pensión. La solución debe venir por que el empleo de la mujer se dignifique por parte del empleador, o mejor dicho del legislador, al reconocer unos niveles idénticos de retribución, por el mismo trabajo, al hombre que a la mujer.

Esta primera discriminación debida al menor salario de las mujeres se origina en que la base reguladora se calcula de igual forma para todos: la media de los veinte últimos años, incrementada con el IPC, excepto los dos últimos años. Pero tiene truco, como ahora veremos. Es un problema de regulación del mercado laboral.

La segunda causa de que la pensión de la mujer sea de cuantía inferior se debe a que las mujeres presentan, en general, vidas laborales más cortas, como consecuencia de sus salidas del mercado de trabajo para ocuparse del cuidado de los hijos o de la familia. Es cierto que la base reguladora se calcula de igual forma para todos: la media de los veinte últimos años, incrementada con el IPC, pero la norma dice “excepto los dos últimos años” liberados para compensar este hecho. Aunque esta medida es buena, muchas de nosotras y nosotros la consideramos insuficiente.

Para corregir este problema, se reconocieron unos coeficientes correctores que sirven para modificar los tiempos de cotización. Se estableció que, a partir del 1 de enero de 2016, al calcular la pensión de jubilación se aumenta en un porcentaje según el número de hijos, 5% para dos hijos y 10% para tres y más hijos, con el fin de compensar los periodos de tiempo dejados de trabajar por dedicarlos al cuidado de los hijos. Habría que estudiar si estos coeficientes siguen siendo válidos, y en caso de que no sean suficientes, pedir como reivindicación que se mejoren.

Un tercer aspecto importante es: ¿qué hay respecto al reconocimiento del total a las viudas que solo les queda la pensión del marido? Nos referimos a que a un viudo le queda la pensión entera que él generó por su derecho como trabajador, mientras a su viuda le queda bastante menos. Actualmente se concede un 52%, que en determinadas circunstancias podría llegar a alcanzar el 70%. Se aprobó una norma de incrementar las pensiones de viudedad del 45% al 56%, con un incremento progresivo cada año que trascurriese. Pero la realidad es que, cuando alcanzó el 52%, el Gobierno actual ha congelado la aplicación de esta norma.

¿Ha cambiado esto? ¿Algún partido o colectivo social reivindica la culminación y el cumplimiento total de esta ley? Sabemos que hay una reivindicación de un colectivo feminista de Podemos que insiste en que las viudas deben cobrar ya el total de la pensión del marido. Se basan sobre todo en que, si el régimen matrimonial es de bienes gananciales, se considera que la cotización pertenece a los dos, hombre y mujer, y por consiguiente, llegado el caso de fallecimiento, el cónyuge vivo debe poder seguir cobrando la pensión integra. Así lo pedía una representante de Igualdad del circulo de Hortaleza, pero el partido Podemos aún no llevaba esta petición en su programa para las últimas elecciones.

En general hay una postura de mejorar ese 50% o 70% cuando se den en el país otras circunstancias económicas más favorables. La única reivindicación del 100% que conocemos es la de este colectivo feminista de Madrid. La presión de los colectivos feministas está siendo muy grande, y es importante perseverar en esta línea de actuación si las mujeres quieren llegar a conseguir igualdad y equidad de sus pensiones con la de los hombres.

Otro caso digno de mención es el de las trabajadoras de hogar, las “sirvientas” o “asistentas” a domicilio. Dado que la mayoría de ellas, sobre todo estas últimas, no fueron dadas de alta en la Seguridad Social, nadie cotizó por ellas, ni tampoco ellas mismas como autónomas, por lo cual, al llegar a su edad de jubilación, no tienen derecho a pensión oficial alguna. Como consuelo se les informa de que soliciten la pensión de Renta Mínima de Inserción, actualmente en torno a 350€ al mes.

Esta situación es el argumento también de mujeres cuya única profesión, durante toda su vida, ha sido la de “ama de casa”, incluso así consta en su carnet de identidad y, aunque reivindicaron de palabra que “el trabajo de casa sí es trabajo, y mucho”, no llegaron a conseguir que esto se reconociera así oficialmente. El resultado es que si al final de su vida son viudas, o peor aún, están solteras, no tienen derecho a pensión alguna.

La esperanza de muchas mujeres es la expectativa de que se consiga llegar a igualar el concepto de “salario mínimo” con “pensión mínima” o “renta básica” y, más aún, que ésta se establezca en torno a los 1.080 euros al mes, como así recomienda la Carta Social Europea en una resolución de su Parlamento. Pero esta expectativa no es previsible por ahora.

Hay una polémica creada con la financiación de las pensiones de viudedad y orfandad. Hay quien dice que deberían financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o con un impuesto creado para ello. Otros no quieren sacarlas de la Seguridad Social, pues en los PGE serían un blanco fácil para posibles recortes. Este mismo argumento sirve en caso de garantizar todas las pensiones. Y hay quien dice que es mejor si se crea un impuesto para su financiación y así financiar el déficit, pero a condición de que los ingresos de este impuesto se tengan que destinar a la caja de la Seguridad Social y desde allí gestionar las pensiones, blindadas, para no correr riesgos futuros.

 

Fernando de la Prida / Coordinadora de Pensiones
Al calcular las pensiones según las cotizaciones, la normativa existente es idéntica para el hombre y para la mujer. Pero en la práctica, todas y todos sabemos que eso no es así, y queremos dar nuestra opinión al respecto, ya que, en este momento, entre las reivindicaciones de las mujeres se encuentra también la petición de recibir un trato idéntico, en materia de pensiones, al de los hombres. El cobro de una menor pensión por parte de las mujeres se debe fundamentalmente a los siguientes factores discriminatorios.En primer lugar, por las condiciones pasadas, presentes y posiblemente futuras del mercado de trabajo, del empleo de hombres o mujeres: al tener menores salarios y haber cotizado menos que el hombre en la gran mayoría de los empleos, la mujer genera menos derechos a su pensión. La solución debe venir por que el empleo de la mujer se dignifique por parte del empleador, o mejor dicho del legislador, al reconocer unos niveles idénticos de retribución, por el mismo trabajo, al hombre que a la mujer.Esta primera discriminación debida al menor salario de las mujeres se origina en que la base reguladora se calcula de igual forma para todos: la media de los veinte últimos años, incrementada con el IPC, excepto los dos últimos años. Pero tiene truco, como ahora veremos. Es un problema de regulación del mercado laboral.La segunda causa de que la pensión de la mujer sea de cuantía inferior se debe a que las mujeres presentan, en general, vidas laborales más cortas, como consecuencia de sus salidas del mercado de trabajo para ocuparse del cuidado de los hijos o de la familia. Es cierto que la base reguladora se calcula de igual forma para todos: la media de los veinte últimos años, incrementada con el IPC, pero la norma dice “excepto los dos últimos años” liberados para compensar este hecho. Aunque esta medida es buena, muchas de nosotras y nosotros la consideramos insuficiente. Para corregir este problema, se reconocieron unos coeficientes correctores que sirven para modificar los tiempos de cotización. Se estableció que, a partir del 1 de enero de 2016, al calcular la pensión de jubilación se aumenta en un porcentaje según el número de hijos, 5% para dos hijos y 10% para tres y más hijos, con el fin de compensar los periodos de tiempo dejados de trabajar por dedicarlos al cuidado de los hijos. Habría que estudiar si estos coeficientes siguen siendo válidos, y en caso de que no sean suficientes, pedir como reivindicación que se mejoren.Un tercer aspecto importante es: ¿qué hay respecto al reconocimiento del total a las viudas que solo les queda la pensión del marido? Nos referimos a que a un viudo le queda la pensión entera que él generó por su derecho como trabajador, mientras a su viuda le queda bastante menos. Actualmente se concede un 52%, que en determinadas circunstancias podría llegar a alcanzar el 70%. Se aprobó una norma de incrementar las pensiones de viudedad del 45% al 56%, con un incremento progresivo cada año que trascurriese. Pero la realidad es que, cuando alcanzó el 52%, el Gobierno actual ha congelado la aplicación de esta norma.¿Ha cambiado esto? ¿Algún partido o colectivo social reivindica la culminación y el cumplimiento total de esta ley? Sabemos que hay una reivindicación de un colectivo feminista de Podemos que insiste en que las viudas deben cobrar ya el total de la pensión del marido. Se basan sobre todo en que, si el régimen matrimonial es de bienes gananciales, se considera que la cotización pertenece a los dos, hombre y mujer, y por consiguiente, llegado el caso de fallecimiento, el cónyuge vivo debe poder seguir cobrando la pensión integra. Así lo pedía una representante de Igualdad del circulo de Hortaleza, pero el partido Podemos aún no llevaba esta petición en su programa para las últimas elecciones.En general hay una postura de mejorar ese 50% o 70% cuando se den en el país otras circunstancias económicas más favorables. La única reivindicación del 100% que conocemos es la de este colectivo feminista de Madrid. La presión de los colectivos feministas está siendo muy grande, y es importante perseverar en esta línea de actuación si las mujeres quieren llegar a conseguir igualdad y equidad de sus pensiones con la de los hombres.Otro caso digno de mención es el de las trabajadoras de hogar, las “sirvientas” o “asistentas” a domicilio. Dado que la mayoría de ellas, sobre todo estas últimas, no fueron dadas de alta en la Seguridad Social, nadie cotizó por ellas, ni tampoco ellas mismas como autónomas, por lo cual, al llegar a su edad de jubilación, no tienen derecho a pensión oficial alguna. Como consuelo se les informa de que soliciten la pensión de Renta Mínima de Inserción, actualmente en torno a 350€ al mes.Esta situación es el argumento también de mujeres cuya única profesión, durante toda su vida, ha sido la de “ama de casa”, incluso así consta en su carnet de identidad y, aunque reivindicaron de palabra que “el trabajo de casa sí es trabajo, y mucho”, no llegaron a conseguir que esto se reconociera así oficialmente. El resultado es que si al final de su vida son viudas, o peor aún, están solteras, no tienen derecho a pensión alguna.La esperanza de muchas mujeres es la expectativa de que se consiga llegar a igualar el concepto de “salario mínimo” con “pensión mínima” o “renta básica” y, más aún, que ésta se establezca en torno a los 1.080 euros al mes, como así recomienda la Carta Social Europea en una resolución de su Parlamento. Pero esta expectativa no es previsible por ahora. Hay una polémica creada con la financiación de las pensiones de viudedad y orfandad. Hay quien dice que deberían financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o con un impuesto creado para ello. Otros no quieren sacarlas de la Seguridad Social, pues en los PGE serían un blanco fácil para posibles recortes. Este mismo argumento sirve en caso de garantizar todas las pensiones. Y hay quien dice que es mejor si se crea un impuesto para su financiación y así financiar el déficit, pero a condición de que los ingresos de este impuesto se tengan que destinar a la caja de la Seguridad Social y desde allí gestionar las pensiones, blindadas, para no correr riesgos futuros.

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