Las herramientas del amo nunca destruirán la casa del amo

Diagonal

En marzo de 2012, El País retrató como una “riña tumultuaria” el intento, por parte de un centenar de vecinos de Lavapiés, de impedir una redada racista en este barrio. En febrero de 2015, el mismo periódico, junto a otros medios de comunicación, acusó a las decenas de activistas de colectivos de vivienda que intentaron evitar el derribo irregular de un edificio de Ofelia Nieto de haber rociado con gasolina a los agentes de Policía que fueron a desalojar el inmueble.

Ya en 2016, con Ahora Madrid en el Ayuntamiento, El País dio un nuevo golpe informativo con una nota firmada, casualmente, por el mismo redactor que en los anteriores ejemplos: convirtió un error en la programación cultural de Carnaval en un kafkiano caso de terrorismo con el fin último de abrir una nueva crisis de Gobierno en el Ayuntamiento. A partir de ahí, se desencadenó la apertura de un proceso penal contra dos personas y su ingreso en preventiva durante varios días —una delirante decisión que ha sido una de las muestras más visibles de las ataduras del sistema judicial con el poder— por representar una obra de títeres.

Es terrible que dos personas se enfrenten a varios años de cárcel por representar una obra de títeres. Es terrible que, por desestabilizar un ayuntamiento, se orquesten campañas entre la Policía y la propia Audiencia Nacional para convertir en delito de terrorismo lo que es una simple anécdota. Es terrible que todo este proceso haya derivado de la simple nota en un periódico, El País, y del miedo del Ayuntamiento a que el caso se fuese comunicativamente de las manos. Pero lo que es más terrorífico es que el tema de debate durante los primeros días tras la detención de los dos titiriteros fuera si la obra “era de mal gusto” o si contenía escenas muy violentas (con muñecos de trapo) y no cómo era posible que estas dos personas fuesen acusadas de delitos de enaltecimiento del terrorismo, ingresadas en prisión preventiva y encerradas en régimen de aislamiento —como dicta la Ley Antiterrorista— simplemente por representar una ficción.

No es casual que el enaltecimiento del terrorismo se haya convertido en delito estrella en la Audiencia Nacional, la sucesora del recordado estos días Tribunal de Orden Público. Tampoco es casual que, en los últimos años, movimientos como el del derecho a la vivienda o colectivos anarquistas hayan recibido acusaciones de terrorismo, reproducidas en los grandes medios de comunicación. En efecto, estamos ante un retroceso de las libertades. En virtud de un sentido común, a menudo asfixiante.

Desde 2008 tenemos dos caminos abiertos, la distopía de la crisis y del recorte de libertades y derechos y la senda que tomamos hace casi cinco años en las plazas del 15M. Para andar el camino que queremos es necesario contar con nuestros propios medios, abiertos y plurales. El recorte de libertades solo se hará efectivo si no le oponemos resistencia desde todos los frentes, también desde el mediático: cuestionando, denunciando, y mostrando una alternativa ante un discurso, apoyado en los medios de comunicación, que criminaliza cualquier opción que ponga en peligro el statu quo.

 

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