La libertad es nuestro bien más preciado, cuidémosla

TEXTO: GONZALO BOYÉ

El detener y enviar a prisión a dos titiriteros por el contenido de una representación artística ha sido la peor cara de algo que viene realizándose desde hace ya bastante tiempo por parte del Ministerio del Interior y la Fiscalía de la Audiencia Nacional: la represión de la opinión, de la disidencia y de la diversidad. Hasta ahora, y por las razones que sean, la ciudadanía no había reaccionado ante tal absurdo, pero al enviar a prisión a unos titiriteros se ha comenzado lo que puede ser un interesante proceso de toma de conciencia ciudadana sobre cómo se está actuando para recortar nuestros derechos.

Los titiriteros han sido los últimos afectados, pero no debemos olvidar los detenidos de las operaciones Araña I, II y III, muchos de los cuales siguen a la espera de juicio, como ocurre con el músico César Strawberry. Los delitos imputados a todos ellos son parecidos a los usados y abusados para encarcelar a los titiriteros: menosprecio a las víctimas del terrorismo, enaltecimiento del terrorismo, delitos contra la Corona, etcétera.

¿Por qué se les acusa de ese tipo de delitos? La respuesta es muy sencilla: porque se busca incardinar las conductas en tipos penales que, en principio, serían competencia de la Audiencia Nacional y, por tanto, el poder coercitivo de la actuación contra el disidente, contra el distinto, contra el discrepante, genera un mayor miedo y alcanza un mejor resultado.

La Audiencia Nacional, que siempre nos ha sido presentada como un órgano judicial especializado, que no especial, ha tenido una intensa actividad durante años, y especialmente en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico a gran escala. Declarado el cese definitivo de su actividad por parte de ETA, poca justificación tiene dicho tribunal “especializado” y mucha menos tiene la existencia de una amplia dotación de personal y medios en su fiscalía, también “especializada”. Ante dicho panorama parecería que lo necesario es justificar la propia existencia y, para ello, qué mejor que reprimir a quienes no hacen otra cosa que expresar sus opiniones mediante el uso de redes sociales o de actividades artísticas.

Cierto es, y se dirá como justificación, que ahora la Audiencia Nacional también se dedica a investigar casos de corrupción, pero al respecto han de tenerse presentes dos cosas: primero, hasta la fecha siempre se dijo que eran especialistas en terrorismo, y ahora parece que también lo son en corrupción; y segundo, que en los casos de corrupción actúa la Fiscalía Anticorrupción, y no la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En realidad, para perseguir la corrupción no es necesario un tribunal como la Audiencia Nacional. Así se está demostrando en destacados casos que se están juzgando en diversos tribunales de toda España, e incluso, si me apuran, diría que la corrupción se persigue mejor respetando al juez natural, el del lugar de los hechos, que a uno “especializado” o especial. Es decir, no parece que existan elementos racionales para el mantenimiento de un órgano jurisdiccional cuyo origen y trayectoria no son la mejor garantía de normalidad democrática ni técnica.

Seguramente, de no existir un tribunal como la Audiencia Nacional, los ciudadanos no estaríamos viendo espectáculos lamentables como la intensa persecución que se hace en redes sociales de la disidencia, de la discrepancia y de la libertad de expresión en términos generales. Cuando digo “seguramente”, lo hago sobre una base muy concreta: en cualquier juzgado ordinario este tipo de casos no pasarían de ser meras anécdotas que, en su gran mayoría, terminarían con un breve auto de sobreseimiento libre por no ser los hechos constitutivos de delito, porque no lo son.

Es evidente que existen expresiones que son ofensivas, es claro que existen dichos que conllevan un menosprecio a las víctimas del terrorismo, y es claro que ese tipo de conductas, a fecha actual, están contempladas en el Código Penal, pero lo que no es tan evidente es que hasta la sátira resulte reprimida y encajada a la fuerza dentro del ámbito del Código Penal y, mucho menos, de conductas tipificadas como delitos de terrorismo. Sin perjuicio de lo discutible que resulta que delitos de opinión tengan su encuadre dentro del título y capítulo dedicado a los “Delitos de terrorismo”.

La exacerbación de las normas y el abuso en el uso del Derecho Penal tienen, necesariamente, que llevarnos a analizar si lo que realmente se está persiguiendo son conductas concretas o lo que se pretende es “formatear” la sociedad de una concreta manera para que lo que realmente no exista sea una disidencia o una forma alternativa de pensar y ver las cosas.

Llevamos cuatro años de gobierno del Partido Popular, y en ese tiempo, en función de una mayoría absoluta abrumadora, se han gestado y aprobado una serie de reformas legales que van, todas ellas, encaminadas a algo muy concreto: recortar nuestras libertades y limitar nuestros derechos para transformarnos en una sociedad débil y atemorizada que no esté en condiciones de enfrentarse al poder establecido para derrotarlo y cambiarlo, desde una consciencia democrática y desde la legalidad.

Un análisis pormenorizado de las reformas legales aprobadas en la pasada legislatura —Ley Mordaza, Ley de Enjuiciamiento Criminal, etcétera— nos llevará a conclusiones terroríficas en materia de recorte de libertades y de concesión de un poder omnímodo al Estado para entrar en nuestras vidas, en nuestra privacidad, en nuestras comunicaciones y, en su caso, reprimirnos de forma brutal para, con ese ejemplo, moldear nuestro comportamiento. Quieren una sociedad dócil que no esté en condiciones de revolverse porque quienes se consideran dueños del poder ya han aprendido las lecciones que ha dejado el 15M como expresión, entre otras cosas, de soberanía popular.

Los ideólogos de esta dinámica represiva han estado gobernando durante los últimos cuatro años, y para la puesta en funcionamiento de tal plan de “domesticación” o “reconducción” ciudadana han contado con una abrumadora mayoría absoluta para legislar recortando libertades, con un iluminado ministro del Interior dedicado a investigar redes sociales en lugar de perseguir la corrupción y con una eficaz y “especializada” Fiscalía de la Audiencia Nacional que hoy más que nunca necesita justificar su propia existencia.

Todo proceso represivo necesita de dos partes, el represor y el reprimido, y solo será exitoso en la medida en que logren inocular el miedo en los ciudadanos. Por lo que es evidente que el éxito de estas medidas represivas dependerá, en gran medida, de nuestra capacidad de aguantar la embestida, de la comprensión que tengamos sobre la amplitud de nuestros derechos y libertades y, sobre todo, de cómo nos articulemos para impedir que este tipo de actuaciones represivas sigan produciéndose.

Somos más y mejores, lo que falta es que tomemos conciencia de lo que está en juego y que actuemos en consecuencia. Cierto es que el miedo es libre, pero la libertad es nuestro bien más preciado, cuidémosla.

 

 

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