La ‘Ley Mordaza’ sanciona a No Somos Delito

Foto: NoSomosDelito

No Somos Delito

El martes 18 de octubre de 2016 nuestro compañero Carlos fue juzgado en Madrid, denunciado por Delegación de Gobierno por su participación como promotor y organizador de la manifestación no comunicada de No Somos Delito del pasado 20 de diciembre de 2014 bajo el lema “El 20D todos a la calle contra la Ley Mordaza”, y por ello se enfrenta a una multa de 700€, más que el salario mínimo interprofesional.

Por supuesto que nuestro compañero Carlos participó de manera activa en el acto:  tomó el micrófono en varias ocasiones, estuvo en primeras filas de la columna y colaboró para que el evento discurriera pacíficamente. ¿Cómo  negar esta participación cuando esta sanción supone el ejemplo más cristalino de las denuncias que No Somos Delito y muchas otras organizaciones que defienden los derechos humanos llevamos haciendo de las Leyes Mordaza desde su origen? Las infracciones de estas leyes y de las anteriores no están redactadas para castigar a aquellos que ponen en peligro la seguridad ciudadana, (cabría el debate de definir y concretar qué se considera “seguridad ciudadana”),sino que son un obstáculo al ejercicio efectivo de varios derechos fundamentales, recogidos en la Constitución y se enfocan en buscar el desaliento a aquellos ciudadanos que quieren ejercer sus libertades de manera habitual, pacífica y democrática en la vía pública.

Claro que la manifestación no fue comunicada “por conducto oficial” a Delegación de Gobierno en Madrid. Fue de manera premeditada, dado el mensaje que queríamos transmitir. ¿Cómo íbamos a comunicar por sus vías impuestas una manifestación que precisamente denuncia que estas comunicaciones son en verdad autorizaciones encubiertas del Gobierno?

La comunicación oficial de las concentraciones a Delegación de Gobierno  tiene como finalidad poner en conocimiento de ésta que se va a celebrar una manifestación, de manera que pueda tomar las medidas  oportunas para proteger tanto a los manifestantes como a otras personas o intereses generales. Es la manera más sencilla de garantizar que, en caso de algún peligro, las autoridades públicas estén preparadas para actuar.

Nuestra comunicación ya se había hecho por otros cauces: la convocatoria fue tendencia nacional durante 22 horas en Twitter con un impacto de más de 420.000 impresiones, y en Facebook alcanzó más de 550.000 visitas, además de ser publicada en innumerables medios de  comunicación. La convocatoria fue de todo menos secreta, pues la intención, conseguida, fue llegar al mayor número de personas y romper con  el miedo a ejercer nuestro derecho a la libertad de reunión. Tan al tanto estaba Delegación de Gobierno de esta manifestación, que la propia Policía Nacional se presentó en la plaza de Ópera una hora antes de la salida, y estuvo presente y desplegada durante todo el recorrido. No hubo ningún problema de seguridad, ni ningún incidente.

Aún más: de haberlo querido, Delegación de Gobierno podría haberse puesto en contacto con No Somos Delito (no es que nos escondamos  precisamente) y habernos prohibido realizarla. Nunca lo hizo.

Si a la Delegación de Gobierno ya le había sido comunicada la manifestación de manera informal, sancionar por no haberlo hecho de con su requisito oficial implica castigar por un hecho que no ha causado ningún daño, ni real ni potencial. Implica que para Delegación de Gobierno tiene más valor cumplir con la burocracia sin contenido real que garantizar y promover el ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y manifestación. Implica, por tanto, que las Leyes Mordazas buscan sancionar a manifestantes antes que protegerles.

En No Somos Delito creemos que, si no existe un riesgo claro, un obstáculo formal no debería impedir el desarrollo de una manifestación, ni castigar a posteriori a sus organizadores. En este caso debe prevalecer el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, pues son vitales para el desarrollo y expresión de una opinión pública libre e informada en un sistema democrático de verdad.

Durante la tramitación de las Leyes Mordaza, en un comunicado de 23 de febrero de 2015, cuatro relatores especiales de derechos humanos de la ONU alertaron públicamente sobre las mismas: “los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España” (www.huffingtonpost.es). Ahora podemos confirmar que este miedo expresaba la realidad que todos estamos sufriendo.

Desde No Somos Delito hemos llevado la sanción a los tribunales para que se haga justicia, ya que entendemos que el libre ejercicio de los derechos fundamentales no puede estar supeditado a un trámite administrativo. No es una sociedad realmente democrática si para el ejercicio de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución se debe “pedir permiso” a la Administración pública, que es quien debe garantizar que sean respetados, y no podemos tolerar que ésta sea quien los vulnere o sancione sin justificación.

La protesta pacífica nunca debe ser sancionada. La libertad de expresión, de reunión y de manifestación están recogidas en la Declaración de los Derechos Humanos, así como en nuestra Constitución y diferentes tratados internacionales, por tanto su libre ejercicio en un Estado que dice ser democrático nunca puede ser sancionado.

Todos los colectivos, movimientos sociales y organizaciones que conforman la Plataforma No Somos Delito, y muchas otras afines con las que trabajamos conjuntamente en todo el Estado, seguiremos luchando por las libertades, por lo derechos de todas y contra las Leyes Mordaza, sin temor, sin miedo y sin censura, pues contra su represión está nuestra fuerza colectiva y porque los derechos se defienden cuando se ejercen.

 

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