La dignidad no puede ser encerrada en un CIE

Foto: LAINFORMACION.COM

Laura Rivas, José Ariza y Clara García. SOS Racismo Madrid

En medio del barrio de Aluche, pegado al terreno que ocupó la antigua cárcel de Carabanchel, se alza uno de los lugares más siniestros de Madrid: el Centro de Internamiento de Extranjeros. Un edificio con tejadillos cónicos, engañosamente desenfadado, pintado de azul y amarillo, cuyas ventanas están cubiertas de planchas metálicas para que los internos privados de libertad no puedan ver la calle. El pasado 18 de octubre, una treintena de ellos ocupó la terraza del centro para protestar de forma pacífica por la vulneración de su dignidad. Pasarían la noche entera a la intemperie, bajo la lluvia, con una única demanda escrita en sus pancartas: “Libertad”.

Uno de ellos llevaba días enfermo y sin recibir atención adecuada. Sus compañeros también denunciaron haber sufrido abusos en las semanas previas a la manifestación, por lo que pidieron que les recibiera el director del centro utilizando el buzón habilitado para ello. Esperaron cinco días. Al no obtener respuesta, la frustración provocada por las pésimas condiciones de su internamiento les empujó a la protesta. Y a pesar de que la dirección del centro les prometió que sus demandas serían atendidas, al día siguiente se les mantuvo incomunicados en las celdas sin poder recibir llamadas ni visitas de ONGs, abogadas, familiares y amigos. Denunciaron también haber sufrido agresiones posteriores por parte de agentes de Policía, responsables de la seguridad del centro, lo que finalmente les llevó a declararse en huelga de hambre durante dos días.

Las protestas dentro de los muros de los CIE no son escasas ni excepcionales. Año tras año, las personas que sufren el internamiento escriben cartas al director, a jueces, representantes políticos y periodistas. En los últimos años se han producido repetidas huelgas de hambre, protestas o fugas: expresiones de una lucha incansable por la dignidad humana.

Los CIE son espacios de no derecho. Existen ocho en todo el Estado español, y son la cruel antesala de la maquinaria de deportación, una parte esencial del entramado racista institucional que se complementa con redadas, violencia burocrática, presión psicológica, explotación laboral y una atención sanitaria incompleta y desigual. En el caso de los manifestantes, este entramado se puso en marcha con su detención en la frontera tras haber sobrevivido a un terrible viaje en patera desde Argelia. En otras ocasiones, la detención se produce mediante identificaciones policiales racistas a personas que ya viven en suelo español. Un método de deportación al alza consiste en expulsar a la persona durante las siguientes 72 horas a su detención, retenidas en un calabozo sin garantías jurídicas: son las conocidas como deportaciones exprés.

Ninguna mujer participó en las protestas del mes pasado. Y sin embargo, las mujeres sin papeles están doblemente victimizadas dentro del sistema racista de deportaciones. Parten de una posición de mayor desigualdad, y sin embargo reciben mucha menos atención pública. Pueden ser víctimas de trata con fines de explotación sexual, y por tanto estar constantemente bajo amenaza de las mafias, u ocupar nichos del mercado laboral como los cuidados o el empleo del hogar en régimen interno, en situaciones de completa desprotección legal frente a sus empleadores y al Estado. Son algunas de las personas más vulnerables dentro de un CIE, y al mismo tiempo a quienes se presta menos voz. Reiteradamente se dan casos de mujeres encerradas en un centro estando embarazadas.

La mera existencia de los CIE es una vulneración de derechos al privar de libertad a personas que solo han cometido una falta administrativa: no tener papeles. Se trata de un mecanismo institucional para perseguir y reprimir la libertad de movimiento de nuestras vecinas y vecinos migrantes. Y a este injusto castigo se suman las vulneraciones de derechos que, de manera sistemática y fomentadas por la opacidad del entramado, se producen dentro de los centros.

El régimen carcelario, bajo control exclusivo de la Policía Nacional, la falta de acceso a una defensa legal efectiva, la escasa información, la ausencia de intérpretes, las dificultades para acceder al derecho de asilo o la deficiente atención sanitaria, la misma que se cobró la vida de Samba Martine en 2011, son las quejas habituales de las personas víctimas de los CIE. Así lo explica Karim (nombre falso), que participó en las protestas de octubre en Madrid: “Queríamos ver al director, lo pedimos durante una semana y no vino. No hicieron ni caso, y ya ahí es cuando subieron al tejado… Había uno que estaba enfermo antes de manifestarnos, estaba siempre tirado por el suelo y no le hacían ni caso.”

A este caso se suman los malos tratos habituales, que no son hechos aislados. Ante ellos las instituciones responden mediante el encubrimiento y la deportación, lo que perpetúa la impunidad. El 19 de octubre, los internos terminaron su protesta tras largas negociaciones en las que los mandos policiales aseguraron que no habría represalias. Así cuenta Karim lo que ocurrió luego: “Acabamos la manifestación con mucha tensión todo el mundo. La Policía y los internos. Nos pegaron dentro de las celdas, y fuera, en todos lados, delante de las cámaras, que lo tienen todo grabado. Deportaron a compañeros que no tenían nada que ver con la manifestación”.

A pesar de la denuncia interpuesta por Coordinadora de Barrios y SOS Racismo Madrid ante los juzgados de instrucción, y de los escritos enviados a la Fiscalía General del Estado, varias personas que participaron en las protestas o que afirmaban haber sufrido agresiones, y que podrían haber declarado como testigos en la instrucción del caso, han sido deportadas durante la primera quincena de noviembre en lo que consideramos una burla al Estado de Derecho.

Sin embargo, y al contrario de lo que suele ocurrir, debido a la atención pública que esta protesta ha suscitado, la mayoría de manifestantes no han sido deportados. Pero su lucha no termina aquí. Tras haber sido sometidos a un sufrimiento absolutamente innecesario, impulsado por una política migratoria racista e inhumana, tendrán que hacer su vida en una Europa hostil y amenazante desde la irregularidad a la que se les condena.

 

Comparte!