Exclusión y desarraigo

Texto: RED SOLIDARIA DE ACOGIDA

Las personas refugiadas siguen siendo invisibles en España. Ahora que el foco mediático se sitúa en las costas griegas y la terrible tragedia que se sucede diariamente allí, parece que es una injusticia que no nos afecta sino emocionalmente, y que poco o nada podemos hacer desde aquí. Sin embargo, miles de personas que huyen perseguidas por la guerra, por su condición sexual, por motivos políticos… pisan suelo español. Durante los casi seis meses que han transcurrido desde septiembre, la Red Solidaria de Acogida ha acompañado a unas 2.500 personas. La mayoría de ellas son las llamadas “personas en tránsito”, por lo que el sistema de asilo español no las tiene en cuenta: cruzan España desde el sur, procedentes de Melilla, con la idea de alcanzar otros países europeos. El CETI de Melilla, que se diseñó como centro administrativo, se ha convertido en una especie de cárcel donde quedan atrapados por un tiempo indeterminado, dificultándose su acceso a la península, y de la que solo se puede salir cuando se aparece en una lista publicada semanalmente. El número de residentes en el CETI duplica su capacidad, cuando no la triplica. Quienes han pasado por él denuncian el hacinamiento, la falta de información, la separación de las familias basándose en el sexo del residente o las dificultades de higiene, por poner solo unos ejemplos. Los criterios para confeccionar la lista son un misterio, de modo que hay personas que llegan a permanecer en este centro ocho meses, como es el caso de los 18 refugiados que iniciaron una huelga de hambre en las pasadas semanas, con el fin de que se les concediera el permiso para salir de Melilla.

Cabría preguntarse por qué no quieren quedarse en España, y hay dos motivos: su principal anhelo es encontrar trabajo, y conocen la situación laboral aquí. El segundo motivo es que nuestro sistema de asilo es ineficiente e ineficaz, y en la práctica aboca a la exclusión social a una buena parte de las personas refugiadas en un plazo aproximado de un año. En ocasiones, la solicitud de asilo aún no ha sido resuelta pasados esos 12 meses, aunque cuentan con una tarjeta temporal que les concede permiso de residencia y, después de seis meses, trabajo. Tras su llegada, pueden pasar hasta seis meses en un Centro de Atención al Refugiado (CAR). Algunos son gestionados directamente por el Ministerio de Empleo, aunque en su mayoría se encargan de ello tres ONG (Cruz Roja, ACCEM y CEAR), para lo que reciben una subvención pública.

En ellos, se ofrece a las personas refugiadas manutención, alojamiento, clases de español y apoyo psicológico. También tienen derecho a la escolarización obligatoria, a la sanidad pública y a una pequeña ayuda económica mensual, cuya cuantía depende del centro: tampoco en este caso se sabe el criterio aplicado, aunque suelen asignarse entre 25 y 50 euros mensuales por persona. Pasada esta primera fase, la persona solicitante de asilo tiene derecho a una ayuda para alquilar un piso. En esta fase II aparecen nuevas complicaciones: un laberinto burocrático en el que nadie la orienta, dificultades idiomáticas que en muchos casos no se han resuelto del todo, diferencias culturales, traumas psicológicos provocados por la situación que la obligó a abandonar su país… a lo que se suman las enormes dificultades de arraigo e inserción a las que se enfrenta y los prejuicios de los arrendatarios para alquilar su casa a solicitantes de asilo.

Aunque sí en la teoría, en la práctica no hay un periodo fijo para la duración de estas ayudas. Estas arbitrariedades, tanto en la cantidad como en la duración, no hacen sino desestabilizar aún más a quienes pretenden rehacer su vida en nuestro país. Agotadas estas últimas ayudas, los solicitantes de asilo deben afrontar por su cuenta todas las dificultades que se derivan de establecerse definitivamente en un país que no es el propio. Así, existen casos en los que varias familias conviven en un piso, ante la imposibilidad de hacerlo por separado. Otras están a la espera de ser desahuciadas. No existen facilidades específicas para, por ejemplo, continuar unos estudios que se truncaron al abandonar el país de origen. En definitiva, una carrera de obstáculos para su integración que, lejos de amparar a las personas bajo protección internacional, genera, en muchos casos, exclusión y desarraigo.

 

Be Sociable, Share!