Estrechando el cerco a las pensiones públicas

Marta Luengo

El programa del actual Gobierno para desmantelamiento de lo público sigue cumpliendo sus objetivos. En particular, ahora nos encontramos en época de desprestigio del sistema de pensiones vigente. Llevamos ya unos meses escuchando noticias sobre la insostenibilidad de las pensiones y, gracias al pánico generado, era un buen momento para publicar un real decreto que estimulase la contratación de planes de pensiones privados, ésos que tan malos resultados han brindado en el pasado. Con esta medida Rajoy busca recuperar algunos de los electores que piensan que Ciudadanos podría colmar mejor sus expectativas de liberalización de la economía (recordemos que en el último barómetro del CIS los naranjas adelantan a los azules en intención de voto). El impulso a los planes de pensiones privados se promueve gracias a dos medidas: podrán rescatarse a los diez años y además serán más baratos de contratar gracias a la reducción de las comisiones. Sin embargo, a pesar de que la nueva ley busca aumentar el volumen de planes de pensiones firmados por los españoles, Rajoy nos vuelve a deleitar con su orwelliano uso del lenguaje al asegurar que esta ley es “compatible” con “las medidas para la estabilidad y mejora” del sistema público de pensiones. Según el gallego, pues, hay medidas que sirven para dos objetivos irreconciliables. Lo cierto es que el sistema de pensiones público tiene serios problemas, urge rediseñarlo. Esta última ley aprobada por el Consejo de Ministros abunda en el desprestigio de lo público que tantas veces hemos visto, no es nada nuevo. Al presentar esta ley, Rajoy además se permite pronunciar discursos moralizantes sobre las virtudes del ahorro, él que ha endeudado al país más que ningún presidente anterior. El descaro puede enervarnos hasta cegarnos y pensar que el problema político es el único que enfrentan las pensiones españolas. Pero aunque sea éste el más grave, existen problemas reales de índole demográfica y económica. Sobre los económicos, basta recordar, por un lado, cómo se ha esquilmado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la famosa “hucha de las pensiones”) y el lamentable estado de las cuentas de la Seguridad Social, de donde deberían pagarse en principio las pensiones pero que ha cerrado 2017 con un déficit récord. La moda economista llamada “austeridad” erróneamente centra todo tipo de problemas económicos en el gasto, constriñendo casualmente a los más débiles. Pero un mínimo de rigor económico nos haría atender al lugar donde está la solución: los ingresos. Se trata de reestructurar y mejorar las vías de financiación del sistema, así de simple. De los problemas demográficos no es tan cómodo hablar, pero no sirve da nada negar que efectivamente España arrastra una natalidad muy baja desde hace décadas y que ha habido un aumento de la esperanza de vida. Estos hechos son justamente los que deberían dirigir nuestras demandas políticas en busca de políticas activas y eficaces de conciliación, de adopción, de vivienda, etc., por un lado, y medidas que garanticen un final de la vida con unas condiciones materiales dignas. Hoy es una aventura tanto intentar independizarse y formar un núcleo familiar (en toda la feliz diversidad de este concepto) como llegar a la tercera edad y enfrentar el camino de la dependencia en un país que abandona a sus mayores. Pero el escollo mayor es desgraciadamente la poca voluntad política actual para acometer reformas efectivas. PP y Ciudadanos diseñan el desmantelamiento de lo público, mientras la oposición no hace nada por detenerlo e incluso a veces colabora. El partido lo van ganando: las pensiones ya están abocadas a reducirse; es más, para quienes comiencen su jubilación en 2019 la pérdida en su pensión con respecto a las antiguas será de 75 euros al año de media. Todo gracias a las reformas impulsadas por el PP, el partido al que paradójica y tristemente votan más jubilados. ¿Cómo podemos despertar?

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