Estado del debate parlamentario/social sobre la “Ley Mordaza”

No Somos Delito

NO SOMOS DELITO

El 15 de mayo de 2011, la Puerta del Sol se llenaba de gente para protestar por muchas cosas. Quizás la razón mas importante de la protesta era reclamar la participación política de ciudadanas y ciudadanos. Pedir que quienes nos gobiernan nos tengan en cuenta.

Se reclamaba no ser solo votantes, sino participar de forma directa en los asuntos públicos; se usó la calle como lugar de expresión.

Entonces estaba en vigor la llamada Ley Corcuera, la Ley 1/92 de Seguridad Ciudadana, elaborada por el ministro del PSOE que le dio nombre. Al amparo de ella se impusieron sanciones por la protesta de aquellos días de mayo y por las numerosas manifestaciones que sucedieron en los años 2011, 2012 y 2013: los años más difíciles de la crisis y en los que más se recortaron los derechos económicos y sociales de quienes habitamos en este país

Las numerosas sanciones impuestas al amparo de la Ley Corcuera no hicieron que la gente se desanimara; bien al contrario, se idearon nuevas formas de protesta, carentes por cierto de riesgo para los ciudadanos y ciudadanas.

Según datos facilitados por el movimiento del 15M, entre el 15 de mayo de 2011 y el 17 de noviembre de 2013, 407 personas fueron detenidas tras su participación en manifestaciones o por encontrarse en las inmediaciones; en ese mismo periodo, 1.010 personas fueron sancionadas; el importe en euros de dichas sanciones ha ascendido a 320.350€. El propio Gobierno, en el periodo comprendido entre enero de 2012 y mayo de 2013, reconocía que 777 personas habían resultado heridas en manifestaciones, datos que ofreció el Ministerio del Interior en respuesta al diputado socialista Antonio Trevín (las cifras que aporta Interior no incluyen a los heridos en Cataluña).

Esa política sancionadora supuso, además del daño individual, un enorme coste al sistema democrático español, y la mayoría parlamentaria del PP, lejos de pensar que el mejor método para acabar con la protesta es mejorar las condiciones de vida de la gente y el permitir a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos, quiso actualizar la respuesta a “tanta manifestación” con el mecanismo que ha imperado en nuestro país desde los tiempos del franquismo: frente a la protesta, la mordaza.

Hasta el propio Gobierno ha usado el término Ley Mordaza como denominación para la Ley 4/2015, mal llamada “de Protección de la Seguridad Ciudadana”. La ley generó tal aluvión de críticas desde organismos nacionales e internacionales, por su inseguridad jurídica, por la restricción a los derechos de circulación, reunión, manifestación, participación, información veraz, por sus limitaciones a los derechos a la libertad personal y a la intimidad, por la limitación del control judicial, por la especial restricción a los derechos de las personas migrantes, de los colectivos mas marginados… que hizo que se uniera toda la oposición de la anterior legislatura. Todos expresaron su rechazo a la ley, incluso todos los grupos, excepto el PSOE, se comprometieron a derogarla cuando cambiara la relación de fuerzas en el Congreso.

Tras un proceso de un año de elecciones, el 19 de julio de 2016 se constituyó el actual Parlamento. Casi un año después cabe preguntarse: ¿qué ha pasado con la Ley Mordaza?

Un grupo parlamentario (ERC) presentó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a derogar la Ley de Seguridad ciudadana. La iniciativa fue aprobada por la mayoría de la cámara: contó con el voto de todos los partidos de la oposición, exepto Ciudadanos.

Dos grupos parlamentarios, PSOE y PNV, han presentado sendos proyectos de ley, que se están tramitando en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Desde No Somos Delito hemos estudiado las propuestas presentadas, que no compartimos, y podemos calificarlas de preocupante en el caso del PSOE y decepcionante en el del PNV.

Resultaría muy extenso contar en estas pocas líneas las principales críticas que hacemos a los textos que se debaten en el Congreso. Las principales objeciones que hacemos podéis verlas con todo detalle en la página www.nosomosdelito.net. Éstos son los puntos más importantes:

— Como explicación de la necesidad de la ley, el PSOE mantiene el mismo prisma del PP, seguridad ciudadana como orden público, mientras que el PNV explica la tensión entre seguridad y libertad, apostando por la defensa del ejercicio de derechos y libertades, pero se plasma superficialmente en el texto.

— Ninguno de los dos textos modifica el objeto de la ley.

— Ambos mantienen el especial deber de colaboración de los ciudadanos.

— En ambos casos se exige que los extranjeros dispongan de documentación, y el proyecto del PNV, al igual que la ley vigente, exige que la porten consigo.

— Mantienen la posibilidad de desplazar a comisaría a las personas para identificaciones, ignorando que cualquier privación de libertad es una detención. Lo autoriza con términos imprecisos e inconcretos que generan inseguridad jurídica para las personas que puedan quedar incluidas en el concepto funciones de indagación y prevención delictiva: casi todas las personas que transiten por este reino.

— Ambos proyectos de ley mantienen las restricciones de la actual ley para el tránsito por y la posibilidad de establecer controles en lugares públicos, usando conceptos genéricos y manipulables como el de alarma social. El texto del PNV prevé, no obstante, dar cuenta a la autoridad judicial.

— Sobre los cacheos el proyecto del PSOE no regula de qué manera hacerlos ni en qué supuestos, y el del PNV mantiene la misma regulación, si bien con algunas modificaciones. Por ejemplo, cuando el cacheo suponga dejar al descubierto el cuerpo, deberá hacerse por partes.

— Sobre el derecho de reunión y manifestación, el PNV mantiene en su texto la regulación vigente, mientras que el proyecto del PSOE lo regula conjuntamente con el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones, así como espectáculos y locales, y atribuye a la Policía la posibilidad de desalojar establecimientos e inmuebles en “situaciones de emergencia” que no se especifican; la posibilidad de suspender espectáculos y desalojar locales para “evitar las graves alteraciones de la seguridad que se estuvieren produciendo” y disolver manifestaciones en los supuestos del art. 5 de la LO 9/1983.

— Respecto a los sujetos responsables, nos preocupa la situación de los menores y la posibilidad de responder por actos de terceros. El proyecto del PNV prevé, no obstante, supuestos de exención de responsabilidad en los casos del Código Penal o por error de prohibición (el autor comete el hecho sancionable pensando que estaba permitido).

Ambos mantienen el principio de presunción de veracidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), lo que supone el fin de la presunción de inocencia que opera por mandato constitucional en materia de derecho sancionador.

— Con relación a las sanciones graves, el proyecto del PSOE elimina las muy graves, aunque en realidad establece un sistema de graduación que las mantiene. Elimina o modifica a leves las siguientes sanciones: perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes de instituciones representativas; los actos de obstrucción que pretendan impedir las actuaciones de cualquier autoridad; las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia; la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones (se convierte en infracción leve), así como la negativa a identificarse; la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita; la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público; el uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales o uniformes; la falta de colaboración genérica con las FCSE; el traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas; la ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas; y el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de las FCSE.

— El proyecto del PNV modifica algunas sanciones graves y mantiene 13 de las 23 sanciones de la Ley Mordaza. En concreto mantiene: la obstrucción a los servicios de emergencia; la desobediencia y la negativa a identificarse; la negativa a disolución en supuestos de art. 5 LO 9/83; la solicitud y aceptación de servicios sexuales; la falta de colaboración con FCSE; el consumo y tenencia de drogas no constitutiva de delito; la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita; portar o exhibir armas prohibidas; la infracción de fabricación, almacenamiento o traslado de explosivos no constitutiva de delito; la obstrucción a las inspecciones; la carencia de registros en actividades relevantes para la seguridad ciudadana; aportar datos falsos para la obtención de documentación personal e incumplir las restricciones de navegación para embarcaciones de alta velocidad.

— Similares criterios operan en la reforma de las sanciones leves: el proyecto del PSOE reproduce 11 de las de la ley actual y crea siete nuevas, mientras que el del PNV mantiene 13 de las 23 actuales.

— Sobre la cuantía de las sanciones, se mantienen en el texto del PSOE las de la ley actual para las cuantías máximas de las sanciones graves o muy graves, se rebajan para las leves. El PNV no lo modifica, aunque establece un sistema de graduación y permite el pago aplazado.

— Por último, el texto del PNV no deroga el registro de infractores. Sí lo hace el del PSOE, pero no especifica qué se hará con los datos de las personas inscritas durante la vigencia de la ley.

Desde NSD, además de habernos reunido con todos los grupos parlamentarios, particularmente con los que han presentado proyectos de ley, y de remitirles nuestras observaciones críticas, estamos en la idea de desarrollar las bases de una ley que nos permita el ejercicio de nuestros derechos.

Animamos a todas las lectoras y lectores de este periódico a participar en el debate.

 

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