El diagnóstico social, un derecho político de los vecinos

Asamblea del Barrio del Pilar 15M

Ocurre que en un sistema democrático como el nuestro, todavía de baja calidad, se nos ha educado para votar de acuerdo a las promesas de los programas electorales, y para evaluar las acciones de gobierno de acuerdo a los mensajes recibidos por los grandes medios de comunicación.

Es una cultura política que ha venido renegando de la comprensión de un proceso de participación adulto. Un proceso que incluye la capacidad de propuesta, de debate, de decisión, de realización y de evaluación. Romper con esta dinámica debe empezar por dotar a la ciudadanía, a los vecinos, de herramientas que les permitan iniciar esa ruptura desde los ámbitos que les son más cercanos.

Uno de esos instrumentos ha de ser el diagnóstico social de los pueblos, barrios y distritos donde vivimos. Su realización y actualización deben ser consideradas como exigencia de un derecho político de los vecinos y vecinas.

Su necesidad y su transcendencia política es fácil de entender. ¿Sabe usted cuántas personas había en su barrio o en su pueblo en situación pobreza energética cuando la última corporación local tomó el gobierno de la misma y cuántas al acabar su mandato? ¿Sabe cuántas personas en situación de dependencia, de fracaso escolar, de pobreza laboral? ¿Sabe cuántas personas desahuciadas, niños en situación de pobreza infantil? ¿Sabe cuántos jóvenes en paro? ¿Sabe la distribución de desigualdad social entre quienes comparten el mismo barrio o el mismo pueblo? ¿Sabe si hay cobertura efectiva de las Administraciones a quienes peor lo pasan? ¿Saben si hay redes de atención social, escuelas infantiles públicas, centros educativos accesibles a todos?… Y si no lo sabe, ¿con qué criterio evalúa usted la acción de gobierno?

¿Cómo podemos valorar los presupuestos y el gasto si no tenemos un diagnóstico social que nos ponga delante la realidad de nuestros barrios y de nuestros pueblos? ¿Cómo podemos discernir si incluir un gasto de más de 600.000€ en arreglar un bulevar de una calle, que ya tiene hierba y árboles, es una medida prioritaria o no? ¿Cómo valoramos la disponibilidad de acoger a refugiados si se nos suicidan dos jóvenes emigrantes del barrio en pocos meses y no se entera nadie?

Hablamos de transparencia por poder acceder a los datos de los ingresos de los representantes públicos, por poder acceder a las condiciones de los contratos que se firman por las Administraciones, pero si no se nos da un diagnóstico social, ¿cómo evaluamos las políticas que se están llevando a cabo? Ésa debería ser una herramienta básica, junto a otras, para incluirlas en los llamados “criterios de buen gobierno”.

En la elaboración de ese diagnóstico, la presencia de los movimientos sociales es fundamental. Los técnicos de las Administraciones trabajarían de la mano de la Marea Blanca para hacer el diagnóstico de la atención sanitaria, con los de la Marea Verde para afrontar el tema educativo, con los colectivos de parados y sindicatos para hacerse cargo de los aspectos referentes al mundo del trabajo, con la PAH para tema de vivienda, etc. Quien va a ser evaluado es obvio que no puede ser quien haga solo ese diagnóstico, pero tampoco debería quedar al margen del mismo, ignorándolo o cuestionando su veracidad si las fuentes que lo llevan a cabo no son de su gusto.

Este trabajo colectivo, en el que se cruzan multitud de luchas, si se enfoca adecuadamente, puede ser un buen instrumento que fomente la participación, el encuentro, la transversalidad. Necesitamos acciones donde concurrir, pero no desde un planteamiento teórico que no mueve voluntades, sino desde tareas concretas que precisan de la aportación de todos.

Demos los datos a los vecinos y vecinas y establezcamos con ellos debates políticos y dinámicas de rendición de cuentas, procesos de construcción de propuestas e iniciativas concretas. Acerquemos la política a la gente, y la gente a la política.

La Red de los Invisibles de Madrid; los diagnósticos de Asambleas del 15M de Tetuán, Hortaleza o Sierra Norte; la campaña por la RMI (Renta Mínima de Inserción)… Todos ellos han abierto camino, a veces a pesar de las resistencias administrativas, pero su aportación es fundamental en estos temas, porque además de la ardua elaboración y recolección de datos han puesto en marcha iniciativas e intervenciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, empezando por los que más lo necesitan.

Tenemos trabajo por delante, y las Administraciones locales, sean del color que sean, también deberían tenerlo si quieren hacer política respetando a las personas, que son algo más que potenciales votantes. Ya sabemos que el tema de las competencias entre las Administraciones es un arma arrojadiza, pero implíquense: se trata de un derecho político. No nos valen los datos macroeconómicos que hablan de crecimientos por encima del 3%, queremos hablar de la distribución de la desigualdad, de las condiciones de vida reales de la gente con la que convivimos, de cómo articular políticas para mejorarlas y de una ciudadanía con criterios y razones sólidas más allá de los eslóganes de campaña y de las consignas de siempre, porque estamos convencidos de que las personas son lo primero.

 

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