Díselo a Cifuentes: o derecho a la vivienda o más desahucios

ILP Vivienda

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El pasado 25 de abril, decenas de personas se dirigieron por carta a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, para poner en su conocimiento la gravedad de la situación por la que pasan debido a la ausencia de vivienda pública y a los desahucios que siguen plagando la región madrileña. La iniciativa ha sido impulsada en el marco de la campaña de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a la vivienda y contra los cortes de suministros que arrancó el pasado mes de marzo. Una fila de un centenar de personas se ha formado a la entrada de la Asamblea de Madrid, en Vallecas, para entregar físicamente las cartas.

“Desde esta mañana, Cristina Cifuentes no puede decir que desconocía la situación de desahucios que sigue atravesando la Comunidad que ella gobierna, porque hemos ido a su lugar de trabajo a recordárselo”, ha comentado Nilda Risueño, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una de las organizaciones impulsoras de la campaña junto con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogados (ALA).

Los grupos impulsores han registrado así en la Asamblea de Madrid la solicitud de apoyo a la ILP, que cuando reúna las 50.000 firmas necesarias —el límite es el 26 de mayo— deberá ser discutida por la Asamblea de Madrid, con mayoría de PP y Ciudadanos. PAH, FRAVM y ALA esperan que los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid se sitúen a favor de la ILP, “y por tanto a favor del derecho a la vivienda de la mayoría de la población y en contra de los desahucios y los abusos que ejercen los bancos, los fondos y los grandes propietarios de vivienda como Goldman Sachs o Blackstone”, ha remachado Risueño.

“Madrid necesita esta ley y su presidenta tiene el deber de apoyarla. Hoy tiene más información para estar más cerca de la gente, respondiendo a sus necesidades, porque esta ley sirve precisamente para eso. Esta norma es imprescindible para evitar que se den situaciones como la de ayer en Majadahonda: 27 familias se han quedado en la calle al desalojar un edificio que hoy ha sido tapiado y vuelve a estar vacío. O para evitar, prohibiéndolo, que cualquier Gobierno pueda vender viviendas públicas al mejor postor, como sucedió con los 3.000 pisos del IVIMA enajenados a Goldman Sachs por el Ejecutivo de Ignacio González y que han acabado con los sueños de 3.000 familias”, ha indicado Quique Villalobos, presidente de la FRAVM.

Eduardo: “soy afectado por una hipoteca del Banco Popular, y vengo a decirle a Cifuentes lo necesario que es que todos podamos tener una vivienda digna”. El muy en aprietos Banco Popular se quedó con su casa en una subasta, aunque por lo menos le concedió un alquiler social. “Pero ya se me acaba”, comenta con preocupación. Y el Popular, uno de los bancos más implicados en la estafa de la cláusula suelo, todavía le reclama 70.000 euros de deuda. Si la ILP se hiciera realidad, el Popular estaría obligado a renovarle el alquiler antes que desahuciarle. Además, podría pedir el amparo de una Agencia de Protección al Consumo con capacidad de sancionar las prácticas de los bancos recientemente declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ana: “no me pasará nada por entregar esta carta, ¿verdad?”, pregunta esta actual inquilina de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid. Tal es el clima de miedo que 10 años de desahucios disparados ha inculcado en una parte de la población. La de Ana fue una de las 1.860 viviendas de la EMVS vendidas en 2013 al fondo Fidere por parte del ayuntamiento de Ana Botella (PP). Tras su desahucio, fue realojada ya por el nuevo ayuntamiento en otra casa de la EMVS. Con la ILP, sería el propio fondo buitre el obligado a dar a esta vecina un alquiler social. Segun cálculos del ayuntamiento de Madrid, solo en 2020 se recuperará el —ya minimo entonces— nivel de vivienda pública existente en la ciudad antes de la venta. Ana también tiene críticas para los nuevos realojos: “nos mandan muy lejos. Mucha gente se está marchando de las casas por las complicaciones con el trabajo o con el colegio de los niños”. Según la FRAVM, dos tercios de la nueva vivienda pública proyectada por el ayuntamiento de Madrid se concentra en los distritos del sur. Con la ILP, gran parte de la demanda de pisos sociales se vería resuelta sin construir un piso más, simplemente con la obligación de dar alquiler social por parte de bancos y fondos.

Tamara, Cristina, Encarna, Elisabeth: estas vecinas viven con sus familias en un bloque recuperado al banco malo (Sareb), uno de los 47 bloques de los bancos antes vacíos en los que la PAH ha ido realojando a personas y familias desahuciadas sin otra alternativa. “Trabajo cuidando niños. Y luego, en casa, a seguir cuidando de los niños”, comenta una de ellas riéndose mientras hacen cola. La regularización con alquileres sociales para mujeres trabajadoras pobres que han tenido que ocupar pisos, uno de los sectores sociales más afectados por la desigualdad, sería una realidad con la ILP.

“Yo no tengo el desahucio como vosotras, pero estoy aquí apoyando porque esto me afecta a mí también”. Quien habla así es Virginia, una vecina de Valdemoro cuyo hijo fue desahuciado por la Caixa después de quedarse sin trabajo tras un accidente laboral en el que también perdió el pie. Hoy vive en la localidad de Torrevieja, porque el dinero de la indemnización no llegaba ni para la entrada de otro piso en Madrid, ni para alquilar. La ILP persigue sentar las bases para un derecho a la vivienda que evite situaciones como los desplazamientos forzosos.

 

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