CETA: una amenaza muy real e igual de antisocial que el TTIP

Tom Kucharz. Ecologistas en Acción

La campaña “No al TTIP, CETA y TiSA” con más de 340 organizaciones adheridas, convoca al “Otoño de la resistencia” sumándose así a la movilización en varios países europeos. Más de 80 actividades y manifestaciones en 38 ciudades del Estado español del 8 al 15 de octubre buscan impedir la firma del tratado UE-Canadá, así como demandar la suspensión de las negociaciones del TTIP.

En las últimas semanas, cientos de miles de personas se han manifestado contra el controvertido Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA), que es igual de peligroso que el tratado transatlántico que se negocia con Estados Unidos (TTIP). Especialmente en Alemania, Bélgica y Austria los controvertidos tratados están generando una oposición cada vez más amplia y numerosa.

Negociado en secreto entre 2009 y 2014 entre la Unión Europea (UE) y Canadá, el CETA podría ser firmado y aplicado “provisionalmente” sin debate parlamentario en España (mientras en otros países hay un intenso debate parlamentario). Los Gobiernos de la UE celebran el 18 de octubre en Luxemburgo una reunión para decidir sobre el CETA, un globo sonda del TTIP.

Y todo eso ocurre con muchas prisas y sin participación democrática, a pesar de la creciente preocupación en la ciudadanía europea expresada a través de las más de 3,4 millones de firmas entregadas a la Comisión Europea el año pasado, la próxima celebración de un referéndum en Baviera, una demanda por inconstitucionalidad en Alemania apoyada por 125.000 personas y la constante movilización de los más amplios sectores de la sociedad. Ignorando, además, a los 2.000 Gobiernos municipales europeos que han expresado su oposición al CETA por las consecuencias negativas que este tratado puede causar para los servicios públicos y la contratación en el ámbito local.

La Comisión Europea hace oídos sordos. Y aquí, el Gobierno en funciones ni siquiera informa de ello al Parlamento

El Gobierno “en funciones” del Partido Popular —con cientos de casos de corrupción y acusado de actividades criminales en varios juicios (“tarjetas Black” de Caja Madrid, Bárcenas, Gürtel, etc.)— no tiene ninguna legitimidad para firmar un acuerdo como el CETA, que alteraría gravemente las legislaciones y busca coartar irreversiblemente el derecho a regular de Parlamentos y Gobiernos cuando más se necesitan innovación y sensibilidad para políticas responsables social y ambientalmente con el fin de acabar con las causas de la pobreza, las desigualdades y la crisis ambiental.

Con el CETA, los Parlamentos y Gobiernos municipales, autonómicos y estatales perderían aún más control sobre los procesos legislativos y se verán debilitados para poner en marcha medidas contra la corrupción, el fraude y el despilfarro del dinero público o aprobar una política fiscal justa, porque serían consideradas medidas “discriminatorias” u “obstáculo innecesario para el comercio”, en el lenguaje opaco e impreciso del CETA.

CETA sería un atentado sin precedentes a la democracia y produciría cambios legales sin participación democrática

CETA facilitaría la privatización de los servicios públicos, por ejemplo en la sanidad y las residencias de personas de tercera edad, restringiría peligrosamente el acceso universal a los servicios públicos e impediría que Parlamentos y Gobiernos remunicipalicen servicios en el futuro (como lo ha hecho Ahora Madrid con los servicios funerarios).

CETA dará lugar a la pérdida de empleos y bienestar, una bajada de salarios, pérdida de ingresos para las arcas públicas y aumento de las desigualdades. CETA aceleraría un recorte de derechos laborales, sociales y ambientales, y facilitaría la eliminación de legislación “innecesaria” de protección a la salud pública, seguridad alimentaria, salud y seguridad laboral y el medio ambiente.

CETA es incompatible con los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático. De hecho, el ya insuficiente Acuerdo de París quedaría en agua de borrajas. El tratado limitaría gravemente las regulaciones ambientales: por ejemplo, de las licencias y requerimientos ambientales para autorizaciones (productos tóxicos, alimentación peligrosa, industrias contaminantes como el fracking) se dice que deben ser lo “más simples posibles” y “no distorsionar” el comercio.

Las limitaciones a la regulación doméstica en CETA debilitan la capacidad de Gobiernos y Parlamentos de luchar contra la pobreza energética, ordenar el territorio o disciplinar al sector bancario y financiero con el fin de impedir desahucios, inestabilidad financiera (como ahora con el Deutsche Bank) y nuevos rescates bancarios.

CETA es una herramienta para deteriorar —aún más si cabe— el Estado de Derecho, porque contempla la creación de tribunales privados de arbitraje y privilegios extraordinarios de las empresas multinacionales, lo que implica que no tienen que agotar todas las instancias judiciales domésticas —como cualquier ciudadana/o—, y profundiza un sistema de justicia privatizada para ricos. El tratado socavaría incluso la función de los tribunales para interpretar leyes. Multinacionales podrán demandar a Gobiernos por revertir la privatización del transporte público, como ocurrió recientemente en Portugal, donde el Grupo Autobuses de Oriente, dueño de Avanza, ha reclamado al actual Gobierno de la nación 42 millones de euros por dar marcha atrás en una privatización del anterior Gobierno conservador.

Además, el CETA supondría un aumento en las violaciones a los derechos humanos, dejando sin amparo a muchas personas que ya sufren las consecuencias de las políticas económicas, comerciales y financieras neoliberales.

Es un escándalo que el Gobierno “en funciones” de Mariano Rajoy se escude en no acudir a sesiones de control parlamentario mientras maniobra en Bruselas en el Consejo de la UE a favor de la firma y aplicación provisional del CETA sin informar al Congreso de los Diputados, al Senado ni a las comunidades autónomas.

¿Y qué haría el PSOE? ¿Apoyaría las políticas antisociales del CETA en el Parlamento Europeo y en el Congreso? Si es capaz de investir a Rajoy, votará también a favor de este tratado tóxico. Varios Parlamentos autonómicos (Extremadura, País Valencià, Islas Baleares, Catalunya) han aprobado resoluciones en contra de TTIP y CETA, con los votos del PSOE. ¿Ignorará el PSOE a estos Parlamentos autonómicos o a los Gobiernos municipales (como Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza, Sevilla, entre muchos otros), sindicatos, organizaciones sociales, de consumidores, ecologistas, organizaciones agrarias, pymes, etc., que se oponen al CETA?

Si los Gobiernos de los 28 Estados miembros de la UE aprueban ahora en octubre la firma y la aplicación provisional del CETA, se debe saber que ni el Parlamento Europeo primero, ni los 38 Parlamentos nacionales y regionales que tendrían que ratificar el tratado después, podrían cambiar ni una sola coma, solo decir “Sí” o “No”. La decisión sobre la “aplicación provisional” es importante, porque dicha situación provisional puede convertirse en “permanente” si un Gobierno simplemente se niega a llevarlo a ratificación parlamentaria.

Para impedir toda estas perversidades salimos a la calle el 15 de octubre y todas las veces que sea necesario.

 

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