Brigadas Vecinales de Observación de los DDHH denuncian al Estado español ante la ONU

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La Policía realiza habitualmente controles de identificación de personas extranjeras en lugares públicos en base a criterios racistas, xenófobos y clasistas. Se efectúan desde hace muchos años a pesar de ser injustas e ilegales y haber sido denunciadas por numerosas organizaciones sociales y organismos internacionales.

Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos es un colectivo de denuncia de estos controles (hemos documentado innumerables redadas), por lo que hemos sido objeto de acoso y criminalización, y solo por el hecho de observarlos y documentarlos 16 participantes del colectivo fueron denunciados por la Delegación de Gobierno de Madrid con multas por un total de 3.500 euros y una denuncia por vía penal.

Las sanciones fueron recurridas por vía judicial, y como no tienen ninguna base legal, en todos los casos en que se celebraron juicios fueron anuladas. También el procedimiento penal concluyó en absolución.

Cuando nos las impusieron valoramos estas sanciones como una vulneración de los derechos y libertades, y frente a ello, la persistencia de los controles y la burorrepresión consideramos necesario hacer frente a estas políticas tanto en las calles como en los tribunales. No es admisible que se intente silenciar a quienes legítimamente defienden los derechos humanos, y se tenga que recurrir a los tribunales para que anulen la sanción, mientras el acoso continúa y se invisibiliza que se persiguen las voces críticas. La solidaridad de otros colectivos nos permitió no estar solas, ya que más de 80 de ellos pidieron “el cese de la práctica ilegal de los controles de identidad por perfil racial y del acoso a las y los defensores de los derechos humanos”.

Presentamos por la vía del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales una demanda contra la Delegación de Gobierno de Madrid por vulneración de derechos fundamentales de libertad de expresión e información, de reunión, de asociación y a la tutela judicial efectiva. Tras un largo procedimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no admitió la demanda, sin atender al contexto, alegando que no afectaba a derechos fundamentales.

Consideramos que las sanciones a BVODH son parte del mecanismo de burorrepresión institucional que viola derechos humanos fundamentales para coartar la denuncia social y que debe ser respondido en diferentes ámbitos.

Por ello recurrimos a instancias internacionales y hemos denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado español castiga y criminaliza la defensa de los derechos humanos, y las diferentes formas de protesta social, como es el cuestionamiento público de una práctica discriminatoria como los controles de identidad por perfil racial, que forman parte de políticas migratorias criminales.

Apoyan la denuncia otros 34 colectivos sociales: asambleas populares del 15M, asociaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de los migrantes y refugiados, asociaciones de juristas, colectivos de cristianos de base, ecologistas, etcétera.

BVODH solicita que el Comité de Derechos Humanos declare la vulneración de los artículos 2.1, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y reclama la rectificación pública de las acusaciones vertidas por los poderes públicos contra el colectivo, y la devolución de la multa, y de las costas legales.

Asimismo, solicita al Comité que formule las siguientes recomendaciones al Estado español:

— El cese de inmediato de las identificaciones por perfil étnico.

— La constitución de un mecanismo civil independiente encargado de la observancia del cumplimiento por las instituciones públicas de su deber de proteger y respetar los derechos fundamentales.

— La garantía de la tutela judicial efectiva en caso de vulneraciones de derechos humanos.

— La articulación de mecanismos para garantizar el reconocimiento y respeto a la labor desarrollada por las y los defensores de derechos humanos

— Que se garantice en la legislación nacional el ejercicio de los derechos y libertades públicas en conformidad con los estándares internacionales, garantías que deben asegurarse en el vigente Código Penal (L.O. 1/2015) y en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (L.O.4/2015) en vigor.

El lunes 3 de abril se presentó una copia de la denuncia en el Ministerio del Interior, con rueda de prensa frente a la sede del Ministerio.

 

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