Absuelto un lustro después del desahucio

Periódico Hortaleza

El 10 de noviembre del 2011 decenas de miembros del vecindario y activistas acudieron al Poblado de Canillas para detener un desahucio poco común: una familia numerosa podía perder su vivienda sin deber ni un céntimo. Era la vivienda de Estrella, que ahora preside la asociación vecinal del barrio, donde también residía su madre enferma y su nieta de apenas un año.

El número de personas que intentaron evitar el desalojo era similar al de agentes antidisturbios en la calle Camporredondo. Incluso un helicóptero vigiló desde el cielo los acontecimientos. La muralla humana que se formó ante la casa fue desmontada por la Policía con forcejeos y muchos momentos de tensión. Minutos después, la excavadora redujo la vivienda a escombros.

Aunque todas las personas ejercieron una resistencia pacífica, dos fueron detenidas. Raúl, el yerno de Estrella, que vivía también en el domicilio amenazado, fue esposado y llevado a comisaría. Lo mismo ocurrió con Chema Díaz, que era portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Madrid. Cinco años después, ambos fueron juzgados el 16 de enero acusados de un delito de resistencia. El fiscal pidió un año de cárcel para cada uno.

“El proceso es absurdo”, afirmó Chema la víspera del juicio en una entrevista en Radio Enlace, en la que defendía su inocencia y aseguraba que fue detenido por ser un habitual en las convocatorias ciudadanas contra la oleada de desahucios que se producían en Madrid hace un lustro. Un mes después, el pasado 13 de febrero, llegó la sentencia que los absolvía del delito de resistencia a la autoridad y reducía su protesta a una falta, que, además, había prescrito, según el fallo de la magistrada del Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid.

Un vídeo fue la prueba determinante para la absolución de Chema y Raúl. En él podía observarse que los acusados no habían opuesto una resistencia violenta. Además, dejó en entredicho la declaración de uno de los agentes de Policía que habían participado en el desahucio, que aseguró a la jueza que los activistas habían tenido una “actitud agresiva” con “puñetazos y patadas”.

 

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