El TiSA y la hipocresía del Parlamento Europeo

Manifestantes contra el TTIP y el TiSA en Berlín. Foto: cc Cornelia Reetz vía Flickr

Texto: Adoración Guamán*

El día 3 de febrero, la mayoría de miembros del Parlamento Europeo respaldaron la negociación del Tratado Internacional de Servicios, conocido como TiSA, que se está elaborando entre 22 países más los 28 de la Unión Europea representados por la Comisión, fuera del marco de la Organización Mundial del Comercio. Con 532 votos a favor y tan solo 131 posicionamientos en contra, el Parlamento aprobó una resolución que apoya e impone requisitos a la negociación del TiSA y que conseguía el apoyo de la gran alianza entre conservadores y socialdemócratas, repitiendo la coalición que en su día respaldó la negociación del TTIP (acuerdo UE-EE UU).

La suma de voluntades a favor de la resolución ha sido conseguida en esta ocasión por una eurodiputada del Partido Popular Europeo, que recibió el encargo de ser la ponente del texto y que declaraba sentirse “orgullosa” de la cantidad de apoyos recabados para “cambiar la orientación de la política comercial de la UE, en interés de las firmas europeas y de los consumidores”. Según señalaba la eurodiputada, “ayer, la Comisión Europea tenía un cheque en blanco. Hoy está sometida a un mandato claro del Parlamento”. Entre las recomendaciones aprobadas, la ponente remarcaba la existencia de unas líneas “azules” y unas “rojas”. Entre las azules se encuentran fundamentalmente la garantía de establecer beneficios tangibles a los consumidores europeos cuando viajan o compran on-line, la garantía de eliminar las restricciones a las empresas europeas cuando operen fuera de la UE o el apoyo a las pymes que prestan servicios en otros países. Entre las líneas rojas, la eurodiputada señalaba la preservación del derecho de legislar o de tomar decisiones normativas de las autoridades nacionales y locales, la defensa de los servicios públicos en la UE, como la educación, la salud, los servicios sociales, los sistemas de seguridad social y los servicios audiovisuales, la protección de datos de los ciudadanos, la no aceptación de la entrada de trabajadores extranjeros para prestar servicios si son altamente cualificados y temporales o la inclusión de cláusulas de revisión.

Tanto las afirmaciones de la eurodiputada del PP Europeo como el informe finalmente aprobado son ejemplos de una aproximación a los nuevos tratados de comercio e inversión tan errónea como hipócrita, que persigue una legitimación de los mismos ante los ojos de la ciudadanía y que pretende enmascarar una decisión del Parlamento Europeo que vuelve a proteger los intereses de las empresas multinacionales sobre los de las mayorías sociales de la UE (y del resto de los países afectados).

La eurodiputada afirmaba que la política comercial de la UE va a dar un giro para defender el interés de las empresas y de los consumidores. Cabría preguntarse ante este frase a quién defendía anteriormente esta política, de importancia fundamental desde el Tratado de Lisboa para la acción exterior de la UE y, más allá de esta obviedad, destaca en la frase de la política conservadora la permanente ausencia del concepto “trabajadoras/es” y de sus intereses, que no se consideran en juego. Vuelve a evidenciarse el mantra tantas veces repetido desde las instituciones europeas tendente a considerar a la población europea como consumidoras o empresarias, olvidando en esa dinámica que fundamentalmente somos trabajadoras, aun sin trabajo asalariado.

Continúa la eurodiputada con otro grave error. Señala que hasta el momento de la aprobación de su resolución la Comisión Europea tenía un “cheque en blanco” para negociar el TiSA, y esto no es en absoluto cierto. De hecho, el 8 de marzo de 2013 el Consejo de la Unión Europea aprobó las directrices para que la UE entrara en la negociación TiSA facultando y dando las directrices de negociación a la Comisión que, además, en su actuación debe respetar el derecho de la Unión Europea (que establece las competencias de la UE y aquellas de los Estados miembros que deben respetarse) y, con él, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la que se recogen los derechos a la salud, el trabajo, la libertad sindical, la huelga, el medio ambiente, la intimidad, etc. De hecho, un repaso a las líneas azules y rojas nos reenvía a los derechos que ya están reconocidos en esta carta y que la Comisión parece haber olvidado al negociar los tratados de nueva generación que tiene entre manos (TISA, CETA, TTIP y otros). Por tanto, la resolución del PE no incluye las novedades de las que se enorgullece la ponente.
Pero el principal problema de la resolución adoptada por el Parlamento siguiendo la línea del Partido Popular Europeo es su hipocresía, entre otros aspectos (como en lo tocante a la vuelta al ámbito OMC o la consideración de los países en desarrollo que no han sido invitados) en lo relativo a los derechos sociales y laborales. Respecto de estos derechos, la resolución llega a exigir a la Comisión Europea que garantice que las partes del TiSA (incluyendo por tanto a Estados Unidos) respeten los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Siendo evidente que esto es imposible, las y los eurodiputados que han votado a favor de esta resolución o bien son unos absolutos ingenuos o, en el peor de los casos, unos totales hipócritas. A ningún europarlamentario puede escapársele a estas alturas que la aprobación del TiSA facilitaría y aumentaría la movilidad de empresas para prestar servicios en otros países y las posibilidades de trasladar sus trabajadores de un país a otro para realizar estas actividades.

Este impulso a la movilidad empresarial presenta varios problemas, por un lado el evidente riesgo de “dumping social” dada la disparidad de estándares laborales existentes entre los países negociadores (desde España o Francia a Pakistán o Estados Unidos); por otro lado, la consiguiente carrera a la baja a la que se podrían lanzar algunos países para atraer a las empresas mediante la rebaja de sus normas laborales. Por añadidura, con el TISA se aumenta la posibilidad de que las empresas de países con estándares laborales o sindicales bajos “importen” estas normativas (el conocido “principio del país de origen”) a otros Estados con regulaciones más protectoras. Todo lo anterior ya ocurre en mayor o menor medida en el ámbito de la UE. La resolución del Parlamento Europeo ni afronta realmente estos problemas ni da soluciones realistas, porque, simplemente, no es posible. No existen normas internacionales protectoras de los derechos laborales que sean igualmente obligatorias para todos los países que están negociando el TISA, ni hay presión política capaz de obligar a países como Estados Unidos a la ratificación de los convenios de la OIT que lleva décadas negándose a asumir. Así, la débil mención a los estándares OIT no debe llamar a engaño, dado que mientras el Estado español ha ratificado 133 convenios sobre derechos del trabajo, Francia 125 y Alemania 85, Estados Unidos solo ha ratificado 14, entre los que no aparecen los convenios relativos a la libertad sindical. La única posibilidad de evitar estas consecuencias sería la aprobación previa de unos mínimos laborales comunes compartidos por todos los firmantes (salario mínimo común, derechos sindicales garantizados, prestaciones sociales similares), algo que ha sido imposible conseguir en más de 60 años de integración europea y que está en las antípodas de lo deseado por quienes impulsan el TiSA.

Así las cosas, no caben parches en estos tratados, ni en materia laboral ni medioambiental ni sanitaria. La única posibilidad que tenemos para mantener nuestros derechos es la oposición frontal y rotunda a los mismos.

 

** La autora es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universitat de València. Autora de “TTIP: el asalto de las multinacionales a la democracia”, publicado por Akal, 2015.

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