¿Permitiría el CETA una economía humana y equitativa?

CAMPAÑA No al TTIP / CETA

El CETA, es un tratado económico y de comercio que, si se aprobara, favorecería a las grandes multinacionales. Firmado el 30 de octubre de 2016 por la Unión Europea (UE) y Canadá, fue aprobado por el Parlamento Europeo el 15 de febrero de 2017, y aún está en la fase de aprobación por los Parlamentos de cada Estado miembro de la UE. En el Parlamento español se han posicionado a favor, como era de esperar, PP, PSOE, Ciudadanos y PNV y PdCAT (antigua Convergencia). Además, estos partidos han hecho oídos sordos a la petición de Unidos Podemos, Compromís y Mareas de que el Tribunal Constitucional dirima si el CETA es constitucional.

La campaña había anunciado en febrero, cuando el Parlamento Europeo votó sobre el acuerdo con Canadá, que se continuaría movilizando para impedir la ratificación del CETA en el trámite parlamentario, porque con él se pretende desregular los servicios públicos y financieros, las compras públicas, el derecho a la propiedad intelectual, la alimentación y la agricultura. Así como tampoco ayudará a mantener salarios dignos y empleos decentes, e ignora los desafíos climáticos y sociales, comunica la campaña No al TTIP, CETA, TiSA, formada por más de 350 organizaciones sociales, sindicales y políticas que creen en otra forma de comercio. Por eso, todavía estamos a tiempo de pararlo.

A este tipo de tratados se les suele llamar “de libre comercio”, pero solamente es “libre” para las grandes multinacionales, porque las personas quedan desprotegidas.

Desde los taxistas españoles a las grandes manifestaciones alemanas, se va incrementando la necesidad de crear una alternativa a estos tratados. Incluso eurodiputados que votaban a favor del CETA y TTIP han cambiado el signo de su votación.

El Congreso de los Diputados y el Senado deberían dedicar el tiempo necesario para examinar con detalle este tratado de 1.600 páginas, sobre todo porque existen precedentes recientes de los perjuicios a la población que han significado este tipo de tratados perniciosos. En 1997 Canadá prohibió la importación de un aditivo para la gasolina a la empresa Ethyl, producto perjudicial para el medio ambiente y la salud humana. En el marco del tratado de comercio entre EE UU y Canadá, ésta tuvo que pagar a la empresa 21 millones de dólares y permitir el uso del peligroso aditivo. Esto es posible gracias a unos tribunales, fuera de la justicia ordinaria, que actúan como un árbitro comprado.

Por otra parte, en septiembre de 2015 Uruguay abandonó las negociaciones del TiSA, otro tratado similar al TTIP y al CETA, llamado “acuerdo global para liberalizar el comercio de servicios”, tras una fuerte presión ciudadana que obligó a la fuerza política mayoritaria del país, el Frente Amplio, a tramitar la salida de estas negociaciones para proteger las empresas públicas nacionales y los servicios públicos, herramientas básicas para fomentar la igualdad, mantener el agua y la electricidad a precios asequibles.

Es fundamental que la ciudadanía tenga la oportunidad de ser escuchada en cuantas audiencias hagan falta en sede parlamentaria para asegurarse de que el bien común de la mayoría de la población esté garantizado.

No es justo que las grandes corporaciones mundiales se queden con todos los beneficios. A casi nadie le gusta el desequilibrio de poder que las multinacionales ocasionan, que pagan muchos menos impuestos, un poco más del 5%, mientras que los autónomos y las pymes, que son los que crean la mayor parte de los puestos de trabajo, pagan entre un 20% y un 25%. Y las grandes empresas ya no quieren pagar menos, lo quieren todo: quieren quedarse con los presupuestos estatales a través de demandas multimillonarias puestas a los Estados ante órganos arbitrales privados parciales.

Por todo ello, llamamos a la sociedad a que se sume a la campaña de presión política hacia los grupos parlamentarios para dar a conocer los múltiples peligros que tendría el CETA.

También pedimos a los representantes de nuestros Parlamentos y ayuntamientos que informen de las consecuencias negativas del CETA en su ámbito y fomenten un sistema económico fiable que garantice derechos tan básicos como agua y aire limpios, que promueva la vida digna, respete el medio ambiente y garantice un futuro mejor para la mayoría de la sociedad.

 

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